La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) criticó diversas políticas públicas que ha comenzado a implementar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aprovechó su intervención durante la ceremonia por la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos para cuestionar al jefe del Ejecutivo, a quien tenía a un lado.
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“La autoridad que pretende vulnerar esta independencia y menoscabar nuestra autonomía vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en favor de la dignidad humana”, exclamó.
En el caso de la Guardia Nacional, la cual estará conformada por agentes de las Policías Militar, Naval y Federal, el ombudsman acusó que la integración de esta nueva corporación contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, “así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales”.
“Las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito”, afirmó.
En su intervención, González Pérez también cuestionó la política que ha anunciado el Presidente López Obrador de perdonar a presuntos responsables de delitos, incluidos políticos señalados de corrupción.
“No podemos engañar a la historia. El olvido no trae verdad ni es substituto de la justicia. Sólo si alcanzamos la verdad podemos aspirar a que la justicia deje de ser una aspiración y se materialice en la práctica. Sin verdad no habrá verdadera justicia”, abundó.
El ombudsman también criticó que se aprobara en el Congreso de la Unión, con mayoría de Morena, el aumento de delitos que merezcan prisión oficiosa, tal es el caso de portación de arma de fuego, entre otras.
“La ampliación del catálogo de delitos que se propone no garantizaría en modo alguno el que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente, con lo cual subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente”.
VJCM