La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una Recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones a los derechos humanos y a la integridad personal, esto por actos de tortura en agravio de tres personas, así como a la libertad, seguridad personal y legalidad por su retención ilegal, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal, en la Ciudad de México.
De acuerdo con la CNDH, en febrero de 2020, las víctimas presentaron escritos de queja ante este Organismo Nacional, en los que refirieron conductas violatorias a sus derechos humanos, en hechos que ocurrieron el 7 de mayo de 2009, en donde los tres fueron detenidos por policías federales encapuchados y vestidos de negro, y otros de civil, quienes los torturaron y pusieron a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
De la investigación desarrollada por la CNDH, se contó con diversas evidencia con las que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, a la integridad personal, así como a la libertad, seguridad personal y legalidad, de las que se pueden destacar los Dictámenes de Integridad Física practicados a las víctimas por personal médico adscrito a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Sobre el caso, en octubre de 2021, la Comisión Nacional elaboró una opinión técnica en psicología, basada en el análisis del contenido del dictamen psicológico de tortura referido en el párrafo superior, el que concluyó que tal documento fundamentaba científicamente que las víctimas mostraban trastornos o alteraciones psicológicas relacionadas con un evento de tortura.
“En el caso de una de las víctimas, es clara la severidad de las lesiones que le causaron los elementos de la Policía Federal con la finalidad de que se autoincriminara, quienes además lo amenazaron en múltiples ocasiones con causarle daño a su familia en caso de no confesar, lo que le produjo trastorno en su esfera psicológica”, precisaron en el documento.
Con base en lo anterior, la CNDH solicitó a la SSPC que gestione la inscripción de las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas y proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas.
Además, deberá otorgar la atención médica y psicológica que requieran, así como a sus familiares, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a sus necesidades específicas.
Por último, también deberán impartir un curso integral de capacitación en materia de derechos humanos, específicamente sobre la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a los elementos policiales de esa Secretaría que realicen servicio operativo en la Ciudad de México, el cual deberá ser efectivo para prevenir hechos similares.
EHR