La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal (PF) que derivó en la muere de una persona, así como por la detención arbitraria y la inadecuada investigación contra un menor de edad, en 2015.
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El organismo defensor de los derechos humanos extendió la queja a los fiscales de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre y de San Luis Potosí, Arturo Garza Herrera, quienes tendrán que inscribir a las personas afectadas en el Registro Estatal de Víctimas y colaborar en las investigaciones correspondientes contra el personal involucrado.
De acuerdo con la recomendación 55/2019, la CNDH contó con las evidencias suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad jurídica, a la libertad personal, entre otras, atribuibles a personal de la Policía Federal, así como la vulneración al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, por servidores públicos de las fiscalías.
En un comunicado, la CNDH informó que una mujer contó que la madrugada del 20 de septiembre de 2015, elementos de la Policía Federal dispararon a su esposo y lo subieron a una patrulla.
Al día siguiente, su esposo apareció muerto en el Ministerio Público de Villa de Reyes, San Luis Potosí, mientras que su hijo menor de edad fue detenido y obligado a abordar otra unidad para ser liberado, posteriormente, en un tramo carretero de la entidad.
Al investigar los hechos, la autoridad confirmó que el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal no fue acorde con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que derivó en la pérdida de la vida de una de las víctimas.
En tanto, la detención de la otra persona se realizó sin orden de aprehensión ni se acreditó alguna flagrancia, además de que no fue puesta a disposición de la autoridad competente para que determinara su situación jurídica, lo que la expuso a una mayor vulnerabilidad por ser menor de edad.
El personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato no recabó testimonios que dieran mayores elementos a la indagatoria, ni citó a los agentes federales para entrevistarlos en relación con los hechos.
Mientras que el personal de la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí no realizó un dictamen de necropsia, tampoco realizó la descripción de los elementos para el estudio de lesiones ni contribuyó a establecer las causas de la defunción.
La CNDH solicitó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), repare integralmente el daño a la persona menor de edad afectada y a las víctimas indirectas del caso y les otorgue atención psicológica.
Las autoridades deberán colaborar con la denuncia y la queja que se presenten ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, respectivamente, contra los servidores públicos involucrados, además de capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos.
OVM