La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 58/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, por violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, en contra de una persona a la cual detuvieron integrantes de la entonces Policía Federal (PF) el 11 de febrero de 2010, en Zitácuaro, Michoacán, siendo objeto de violencia por parte de sus aprehensores, quienes le provocaron diversas lesiones.
La CNDH solicitó a la titular de la SSPC que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño ocasionado. De igual forma, se otorgue atención médica y psicológica a la víctima, por las acciones y omisiones cometidas en su contra, y que la SSPC colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la comisión formule ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos implicados.
Además, solicitó que se imparta un curso integral dirigido a los servidores públicos responsables de los hechos que continúen prestando sus servicios en la secretaría, el cual deberá tratar temas específicos sobre la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y deberá estar disponible de forma electrónica y en línea.
El 8 de abril de 2019 la defensoría recibió un escrito de queja suscrito por la víctima, en el cual expuso que el día de su detención fue agredido por sus aprehensores y recibió descargas eléctricas alrededor de cuarenta veces. Previamente, la víctima había manifestado ante Ministerio Público que, el 11 de febrero, se le acercaron policías federales, quienes le hallaron una pistola calibre 38, por lo que fue detenido y golpeado desde el momento de su aprehensión hasta que lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal.
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Los policías lo golpearon en distintas partes del cuerpo, lo trasladaron en una camioneta a un lugar que desconoce, lo golpearon y torturaron; después, la víctima fue trasladada a la base de la Policía Federal y la volvieron a agredir.
La víctima solicitó a la CNDH que se investigara su caso al considerar que habían sido violados sus derechos humanos. Al analizar las evidencias de las múltiples lesiones que presentó la víctima, así como los estudios médico-forenses tanto de la entonces Procuraduría General de la República como de la CNDH, se acreditaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes.