La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a construir una estrategia integral de Estado para garantizar la erradicación y sanción de quienes promueven y ejercen la trata de personas, así como proteger y defender los derechos humanos de las víctimas, buscando que accedan a la justicia y a la reparación del daño.
El “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2021: Procuración e Impartición de Justicia”, realizado por la CNDH, detalla que las Procuradurías y las fiscalías generales de justicia estatales, así como la Fiscalía General de la República, identificaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales 2 mil 934 corresponden a mujeres y 798 a hombres, incluyendo niñas y niños; del total señalado, 164 personas no fueron identificadas.
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El documento señala que la trata de personas con fines sexuales sigue siendo el delito más identificado por las autoridades del país, pasando desapercibidas otras formas de explotación establecidas en la Ley General en la materia como son la esclavitud, condición de siervo, mendicidad forzada, utilización de personas de menos de 18 años en actividades delictivas, matrimonios forzados, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, así como la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
La Comisión Nacional, ha emitido las recomendaciones: 83/2020, 64/2022, 72/2022 y 99/2022, que documentaron acciones u omisiones de diversas autoridades que vulneraron los derechos humanos al no detectar, identificar, atender o proteger de manera adecuada, conforme a los estándares internacionales y nacionales a las víctimas de este delito, por lo cual esta planteándose una estrategia interna para fortalecer los Programas Especiales Contra la Trata, el de Personas Desaparecidas y el de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH).
“Mediante esta estrategia institucional, se pretenden fortalecer las estrategias del Estado mexicano para prevenir, perseguir y sancionar a quienes comenten estos delitos, así como para proteger y asistir a las víctimas, incluyendo el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la reducción de impunidad, corrupción de las autoridades, prácticas administrativas deficientes y dilación en la investigación de los casos; pero, sobre todo, la no repetición”, destacó.
OC