La investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala enfrentó negativas, obstáculos y falta de información “confiable” por parte de las autoridades, reportó el ombudsman Luis Raúl González Pérez a la Organización de las Naciones Unidas.
En la presentación de la recomendación por violaciones graves de derechos humanos 15VG/2018, dijo que la indagatoria confirma la existencia de vínculos entre autoridades y crimen organizado y la “connivencia o confabulación” de funcionarios de los tres niveles para “propiciar, permitir o abstenerse de actuar”.
“El alcance y la duración del trabajo desarrollado, que dio como resultado dicha recomendación, enfrentó la falta de información confiable remitida por las autoridades que en ámbitos distintos desarrollaban la investigación del caso, así como negativas y obstáculos para desarrollar sus labores”, dio a conocer la CNDH.
Acompañado por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta, el ombudsman nacional llamó a que de los más de 63 mil fragmentos óseos recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan se analice genéticamente una muestra de 114, que fueron seleccionados por el equipo pericial de la comisión y están en resguardo de la Fiscalía General de la República, a fin de determinar si corresponden a los normalistas desaparecidos.
Expuso que el examen de los restos podrá definir “con certeza” el destino de los estudiantes, por lo que recomendó, como primera acción, que el gobierno los envíe a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis genético.
La recomendación, con 128 puntos para 17 autoridades, entre ellas el Presidente, se presentó en reuniones con representantes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, y en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
REVELAN MATERIAL
Ayer, dos videos difundidos por Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, confirmaron que Julio César López Patolzin, uno de los 43, sí era un militar en activo, como reveló MILENIO en octubre de 2015, y proporcionaba información a la Mesa de Inteligencia del Batallón 50 con sede en Chilpancingo.
En el primer material se observa a la madre de Julio César, Joaquina Patolzin de la Cruz, sentada con el coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, en ese momento comandante del Batallón 50, Gregorio Espinoza Toledo, quien le informa sobre la probabilidad de que el joven esté muerto y le da dos sobres amarillos, uno con 5 mil 667 pesos para cubrir la quincena pendiente.
Según el periodista Humberto Padget, el encuentro ocurrió la mañana del 29 de septiembre de ese año, en las instalaciones de dicho batallón. En otra secuencia, aparece Joaquina entregando muestras de sangre para contrastarlas con los restos forenses encontrados por la entonces Procuraduría General de la República.
El 7 de octubre de 2015, MILENIO publicó que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, confirmó que el estudiante de 25 años y originario de Tixtla, al que sus compañeros definían como callado “pero buena onda”, era militar en activo.
La nota registró las declaraciones del secretario en una entrevista transmitida por Primero Noticias, en las que acepta que uno de los nombres de los 43 jóvenes coincidía con el de un militar en activo, aunque descartó labores de espionaje.
“Estamos hablando prácticamente de la misma persona. Pero esto no es nada extraño, porque los comandantes tienen la autorización por reglamento de que aquellos jóvenes que quieran estudiar y no interfiera en su actividad de servicio, les autoricen. Y a este muchacho le autorizaron estudiar. Tenía dos o tres meses de haber ingresado a la normal… hago la aclaración porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía; en dos o tres meses que tenía ahí no podía haber servido de nada”, dijo.
Y ADEMÁS
EXIGEN LIBERACIÓN DE EX EDIL DE COCULA
Familiares de César Miguel Peñaloza, ex alcalde de Cocula, Guerrero, protestaron frente a Palacio Nacional para exigir su liberación. Acusaron que su detención fue arbitraria y que es víctima de malos tratos y tortura; el ex edil está recluido desde hace tres años en el penal federal de Guanajuato, acusado de delincuencia organizada y se le asocia con la desaparición de los normalistas en Iguala.
PARA ONG, SEDENA TIENE MÁS DATOS
Las organizaciones Serapaz, Tlachinollan, Fundar y Centro Pro de Derechos Humanos pidieron investigar el papel de militares en el caso Iguala tras los videos revelados ayer. Indicaron que “el Ejército cuenta con información adicional", la cual no se ha brindado a la FGR “ni mucho menos a las familias”. Resaltaron que es “innegable que el material fue grabado en instalaciones militares” y que el coronel que aparece “no ha rendido declaración alguna”.