En diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) adjudicó contratos millonarios justo la tarde de Nochebuena para tres estudios entregados y pagados de forma expedita a una sola empresa y otro para servicios de telecomunicaciones con vigencia hasta 2026, sobrepasando así la actual administración de Rosario Piedra Ibarra.
Ocurrió el día de Nochebuena del 2020, en el mismo edificio donde despacha la presidenta de la CNDH. Aquella tarde se reunieron Armando Morales Loya, que se desempeñaba como oficial mayor; Óscar Santiago Durán, quien era director de almacenes; Laura Mendoza Molina, entonces directora de planeación; Luciana Montaño, entonces coordinadora del jurídico; Cecilia Velazco Aguirre, entonces directora de lo contencioso; y Francisco Estrada Correa, el secretario ejecutivo de la CNDH, que este martes informó que presentó su renuncia a la presidenta del organismo ante los señalamientos que acumula en su contra, pero ella no se la aceptó.
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Aquel 24 de diciembre de 2020 firmaron cuatro contratos para estudios por más de 14 millones de pesos, tres de ellos desarrollados por la empresa Moresy y Asociados, por más de 12 millones de pesos.
- El primero, por 4 millones 48 mil 400 pesos para la "elaboración de una propuesta de armonización normativa de materia de derechos humanos de los bandos de policía y buen gobierno municipales".
- El segundo, por 6 millones 983 mil 200 pesos para la "elaboración del seguimiento a la armonización normativa de los DDHH en materia de derechos de las personas mayores, protección contra tortura y otros tratos o penas crueles, derechos de las personas migrantes, derechos de los pueblos indígenas, etc."
- El tercero, por 1 millón 960 mil 400 pesos para el "estudio para el seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos en el tema: derechos de las niñas, niños y adolescentes".
La requisición para contratar tales estudios se hizo tan sólo un día antes, el 23 de diciembre de 2020, pero la empresa ya había presentado la propuesta dos días antes, el 21 de diciembre. Es decir, antes de que el servicio se requiriera la CNDH ya sabía a quién contrataría y por cuánto.
Según los documentos revisados por MILENIO, la empresa entregó algunos documentos cinco días después de la firma del contrato, el 29 de diciembre, y la CNDH le pagó el 4 de enero de 2021, sin que exista evidencia de los estudios supuestamente elaborados.
De Moresy y Asociados no existe información en el Registro Público de Comercio (Siger de la Secretaría de Economía), tiene una página web hechiza en la que sus supuestos empleados son en realidad imágenes de stock, que se adquieren en línea, como la de su directora creativa, comprada en Adobe Stock por 199 dólares.
En la página se asegura que la empresa está especializada en contabilidad, diseño de interiores, valuación de empresas y optimización fiscal, es decir, nada relacionado con derechos humanos. Su domicilio es un despacho dentro del edificio con el número 202 de la calle Guanajuato en la colonia Roma, donde nadie responde.
Los tres estudios contratados a la empresa Moresy y Asociados no fueron los únicos firmados aquella tarde de Nochebuena. También se firmó el contrato para un "estudio de elaboración de estándares de derechos humanos" por 1 millón 145 mil 964 pesos a una empresa desconocida, cuya factura se pagó en los últimos minutos del año 2020, el 31 de diciembre.
Además de los estudios contratados ese 24 de diciembre, se firmó un contrato millonario de servicios de telecomunicaciones con la empresa Bestel, cuya razón social es Operbes S.A. de C.V., por un monto abierto mínimo de 65 millones 995 mil 177 pesos y máximo de 164 millones 987 mil 944 pesos. Aunque el contrato en sí no presenta irregularidad alguna, el servicio contratado se requirió hasta abril del siguiente año y sobrepasa la administración actual de Rosario Piedra en la CNDH, pues tiene una duración de 60 meses, es decir, su vigencia termina en abril del 2026.
Los regalos de navidad, a través de contratos, se extendieron hasta Año Nuevo. El 30 de diciembre se otorgó un contrato por 5 millones 916 mil pesos a Brisk Asesores para la elaboración del "estudio para el desarrollo de indicadores multitemáticos de derechos humanos". La factura está fechada dos días antes de que el contrato se firmara. Es decir, la empresa ya sabía que la contratarían, pues elaboró el comprobante fiscal antes de que se le contratara.
De Brisk Asesores no existe información en el Registro Público de Comercio, ni se encontró página de internet relacionada o evidencia de que se desempeñe como una empresa para la elaboración de estudios como por los que la CNDH le pagó millones.
FS