La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, llamó a reconocer las necesidades particulares de las personas mayores en reclusión y asegurarles atención especializada, así como condiciones dignas de estancia.
Durante la presentación del Pronunciamiento sobre el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de las personas mayores privadas de la libertad y la adopción de medidas preventivas frente al envejecimiento de las mismas, desde el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) “Rosario Ibarra de Piedra”, dijo que en dicho documento se observa la “imperante necesidad de prestar especial atención” a este grupo poblacional penitenciario, toda vez que existe una deuda con dichas personas.
Señaló que esta situación constituye un reto para el Estado mexicano y para los organismos de defensa de derechos humanos en materia de adopción de medidas preventivas, diferenciadas y ajustes razonables, destacando una perspectiva gerontológica, de derechos humanos, género e interseccionalidad.
La presidenta de la CNDH aseguró que el envejecimiento “no es sinónimo de enfermedad, sino un estado que requiere de un enfoque activo para mantener autonomía e independencia”, representando un desafío mayor para los sistemas penitenciarios de todo el país que corren “el riesgo de convertirse en espacios de vulneración de los derechos de quienes envejecen en reclusión”. De esta forma, el pronunciamiento solicita prever el envejecimiento progresivo de la población penitenciaria.
Explicó que los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria (DNSP), realizados por la Comisión entre 2020 y 2024, contienen varias propuestas para garantizar los derechos de las personas adultas mayores en reclusión.
Se identificaron cuatro grupos de atención: la población adulta en vías de pasar a persona mayor; las personas mayores que se encuentran en prisión preventiva, que recibieron o están por recibir una sentencia; las personas mayores que están próximas a compurgar sus penas, y las personas mayores que afrontan largas sentencias.
Asimismo, se indicó que el documento establece la construcción de un Programa de Trabajo para atender las condiciones de vida de las personas mayores privadas de libertad y coadyuva en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo con enfoque gerontológico.
En este contexto, Rosario Piedra Ibarra resaltó la elaboración de una Guía de identificación, seguimiento y atención para casos de maltrato, abandono, discriminación o negligencia institucional hacia personas mayores en prisión, con mayor atención en casos que involucren a mujeres o personas con discapacidad; además de la instalación de condiciones de estancia adecuadas para las personas mayores privadas de libertad en las diferentes prisiones del país.
Por su parte, la directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Nestora Salgado García, dijo que existen diversas áreas de oportunidad en esta materia, detectadas a partir del análisis de la información recabada durante las supervisiones realizadas, y destacó que el Pronunciamiento constituye una posición institucional firme ante una realidad que ya está aquí: “el envejecimiento progresivo de la población penitenciaria en México”, comentó.
Detalló que, de acuerdo con el DNSP 2023, en 264 centros estatales supervisados se registró una población de 213,233 personas privadas de la libertad, de las cuales se identificó a 7,668 personas mayores; y en los 14 centros federales supervisados se contabilizó una población de 19,794 personas privadas de la libertad, de las cuales 511 son personas mayores. “Detrás de estas cifras hay una historia de enfermedad crónica, dependencia funcional, aislamiento, abandono familiar, barreras arquitectónicas y falta de atención especializada”, dijo Salgado García.
Apuntó que la CNDH propone seis rutas de transformación: el diagnóstico individual y valoración médica integral para las personas mayores privadas de la libertad; la adaptación progresiva de infraestructura bajo estándares de accesibilidad universal; la aplicación de mecanismos alternativos de atención para personas mayores en condición de vulnerabilidad; la implementación obligatoria de protocolos de cuidados paliativos y atención a padecimientos crónico-degenerativos; la capacitación especializada del personal penitenciario, y la creación de indicadores públicos de evaluación anual.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Yoloctzin Lizbeth Domínguez Serna, consideró que el documento presentado pone sobre la mesa una realidad que ha permanecido invisible y ante la cual se deben establecer medidas para que las personas adultas mayores privadas de su libertad no sean abandonadas ni sometidas a “un trato indigno”, subrayando el pronunciamiento de la Comisión que recuerda “a todos que el Estado debe reforzar los derechos humanos en los establecimientos carcelarios”.
Por su parte, el subdirector jurídico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Edgar Olivares Agustín, dijo que esa institución busca asegurar que la normatividad se aplique bajo una perspectiva gerontológica, eliminando las barreras que profundizan las desigualdades en el encierro, trascendiendo la visión de la vejez como un simple deterioro y abordando fenómenos como los síndromes geriátricos y la atención a las mujeres privadas de la libertad.
Mientras que el director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, afirmó que “la justicia sin defensa no es justicia”; por ello, aseveró que las instituciones requieren personas defensoras de derechos humanos “valientes y estudiosas, con capacidad de romper todas las barreras que se presentan día a día”, y manifestó su apoyo a las directrices que apunta el Pronunciamiento de la CNDH porque, expresó, “se tiene que actuar desde todas las instituciones”.