La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que la consulta popular sobre el juicio a actores políticos, a realizarse el próximo domingo 1 de agosto de 2021, es un ejercicio de las libertades y de participación ciudadana que es importante para la democracia.
Por ello, la CNDH se posicionó a favor de la consulta, así como de todos los actos y mecanismos que promuevan, fomenten, difundan, garanticen, salvaguarden e inciten al respeto de los derechos humanos, prevaleciendo el reconocimiento de las victimas por parte del Estado.
En ese sentido, el organismo autónomo destacó que la labor del gobierno federal, así como del Instituto Nacional Electoral (INE), realizar un acto democrático en pro de la ciudadanía, pues será quien se pronuncie sobre temas de interés público.
Así, la comisión destacó que el objetivo de la consulta gira en torno a dar voz y voto al pueblo, así como a generar conciencia sobre aspectos históricos y aplicación de la justicia.
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Del mismo modo, la CNDH señaló que también ha empleado mecanismos y programas, e incluso ha generado áreas específicas internas, para hacer una observancia a etapas históricas, sobre acontecimientos recientes y otros de mayor tiempo, a efecto de investigar, esclarecer y solicitar el acceso a la justicia de las víctimas.
Ejemplo de ello es la creación de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, la cual busca la reivindicación del derecho a la memoria y a la justicia, respecto de actos violatorios graves por parte de agentes del Estado.
En línea con lo anterior, la CNDH explicó que en el período 1994-2018 ha emitido un total de 3 mil 299 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, a las cuales les está dando puntual seguimiento acompañando a las víctimas hasta lograr justicia, reparación integral y la garantía de no repetición.
Tal es el caso de la recomendación 15VG/2018 “Caso Iguala” relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidros Burgos, donde se acordó la extinción de la llamada Oficina Especial para el “Caso Iguala”, derivado de que las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional, así como el avance de dicha recomendación resultaban ineficientes, insuficientes y obsoletas en el esclarecimiento de los hechos, búsqueda de responsables, acceso a la justicia y la atención expedita de las víctimas.
De esta manera, ahora se trabaja en coadyuvancia con las víctimas indirectas, de la mano de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, tratando de aportar y fortalecer las nuevas investigaciones, de las que se esperan resultados claros y más certeros que los obtenidos hasta 2018.
ROA