La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio para verificar la observancia y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud (Ssa), así como de las autoridades estatales y municipales competentes, luego de los casos de deportaciones masivas de migrantes que el gobierno de los Estados Unidos ha realizado.
Por ello, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, solicitó medidas cautelares a 31 diferentes autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, a fin de evitar violaciones de derechos humanos de los migrantes, entre los que se encuentran niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónico-degenerativas, que se alojan en el albergue San Juan Bosco de Nogales, en Sonora.
Asimismo, vigilará la aplicación de estos mecanismos con las personas puestas a disposición del INM, institución que, a su vez, canalizará los casos a algún recinto de los Sistemas Nacional o locales del DIF, Centros de Integración para Migrantes o albergues de la sociedad civil, de ser necesario.
Al respecto, el responsable y asesor legal del albergue San Juan Bosco indicó que el 29 de julio se alojaron a 380 migrantes que fueron expulsadas del país vecino, no fueron recibidas por el INM, aunado a que el problema de contagio de covid-19 se está presentando no sólo con los extranjeros, sino también entre sus colaboradores, ya que en los últimos quince días se han contabilizado 20 casos positivos.
Por ello, la CNDH advirtió, mediante visitas al albergue y a la zona fronteriza en Nogales, Sonora, que: el flujo de las deportaciones masivas requiere atención y ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, de salud, sanitarias y de seguridad, ya que el sitio carece de los insumos necesarios para su subsistencia y, como medida preventiva, aplicación de pruebas para el diagnóstico de covid-19, así como vacunas e instalaciones sanitarias.
Las medidas cautelares ya han sido notificadas a sus destinatarios, se solicitará información a las autoridades involucradas en los hechos y, en su momento, se emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
Esta investigación de oficio llega después de que la CNDH observara un creciente flujo de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, "luego de los casos de deportaciones masivas que el gobierno de los Estados Unidos de América ha realizado en agravio de diversas personas en contexto de migración", que efectúa con base al llamado Título 42, el cual permite deportar de manera inmediata poniendo la emergencia sanitaria como justificación.
LP