Al considerar que los servicios de transporte privado, tipo Uber, no son seguros porque no están plenamente identificados, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) pidió al Congreso del Estado modificar la ley para crear un padrón de los conductores y señalizar las unidades.
Carlos Barona, dirigente de la CNOP en Nuevo León, presentó una reforma a la Ley de Transporte del Estado para que la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal del Transporte implementen un programa para que estos carros particulares cuenten con alguna identificación física en su unidad.
“No se puede tener una confianza plena de quienes ofrecen el servicio en sus plataformas tecnológicas porque no sabemos quiénes son. La Agencia Estatal del Transporte y la Fiscalía General no tienen ni contemplan una base de datos que cuente con los nombres de los Uber, por ejemplo.
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“(Pedimos) determinar el formato de identificación que tendrán estos vehículos. Hoy por hoy le llamas a un vehículo de estos y no sabes… te mandan un número de placa y el nombre del chofer pero estos vehículos tienen que estar plenamente identificados que tu sepas en el vidrio adelante y atrás que son Uber”, dijo.
Asimismo la iniciativa busca que se restrinja el número de unidades de servicio de transporte privado en sus diversas plataformas y sea acorde a la demanda, como sucede con los taxis.
Esto, dijo, es con el fin de reducir el congestionamiento vial y la mala calidad del aire ocasionada por las emisiones de los vehículos.
Barona pidió que la iniciativa sea agregada a las reformas de la Ley de Movilidad que está próxima a aprobarse.
“Le corresponde a la AET sin duda alguna, pero necesitamos que intervenga la fiscalía general sin duda también. Esto va a necesitar de recursos para la coordinación de ambas, a lo mejor surgir una nueva dependencia sin que esto sea muy gravoso económico”, apuntó.
Finalmente opinó que las plataformas tipo Uber deberían de cobrar un 15 o 20 por ciento más, para competir en igualdad de precios que los taxis.
Se propone una reforma a los artículos 2, 6, 18 y 85 de la Ley Estatal del Transporte.