Al asegurar que el incremento de casos de corrupción e impunidad que se han detectado en el gobierno independiente se debe a la inactividad de las autoridades, la Coalición Anticorrupción exigió a la Contraloría Estatal mostrar resultados reales.
Mientras que el nuevo contralor, Gerardo Guajardo Cantú, estaba rindiendo protesta en el Congreso del Estado, los activistas acudieron a la Torre Administrativa a entregar un escrito en el que le solicitan transparentar el estatus en el que están los procesos administrativos que dicha dependencia, en conjunto con la Unidad Anticorrupción, ha emprendido.
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Gilberto Marcos, presidente de Vertebra, señaló como urgente que se den resultados y que se apliquen las sanciones necesarias para evitar que se repitan más casos de corrupción.
“No hemos visto resultados tangibles en casos tan claros de corrupción y no solamente nosotros los hemos visto, sino también la ciudadanía en general”, indicó.
“La corrupción es el principal obstáculo para la competitividad de nuestro estado y es fomentada por la impunidad, la discrecionalidad, la falta de transparencia y la ausencia de órganos con vocación, autonomía y herramientas necesarias para su combate”, resaltó al denunciar que la Unidad Anticorrupción sigue acéfala.
La investigación respecto al caso de las firmas que fueron recolectadas por servidores públicos (en jornada laboral) para la campaña presidencial del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el estatus del caso de la suegra de “El Bronco”, así como la contratación indebida de diversos personajes, además de los procesos de adjudicación directa que se han dado en Metrorrey, son algunos de los casos de los que exigen una aclaración.
“Los medios de comunicación han difundido varios casos que han quedado impunes, en gran parte por la débil actuación de la Contraloría que parece funcionar como un órgano a modo del interés de los corruptos, en vez de ser un escudo protector de los hechos de corrupción en el seno del Gobierno Estatal”, manifestó Gilberto Marcos.
Además, pidieron la liberación de los expedientes, los presentes pidieron que se hacer público el Registro Estatal de Servidores Públicos sancionados, para conocer cuáles son los funcionarios inhabilitados y así vigilar que no sean contratados en otras áreas públicas.
En caso de no recibir respuesta a su pliego petitorio, Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), declaró que seguirán exigiendo para que el Gobierno del Estado demuestre una verdadera lucha contra la corrupción.
“Seguiremos evidenciándolos; hay que evidenciar lo que no funciona”, mencionó la activista.