Colectivos de mujeres contra la violencia de género y asociaciones civiles denunciaron ante la Cámara de Diputados a dos titulares de órganos de control interno de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que, pese a enfrentar demandas de orden civil por violencia familiar, continúan ejerciendo sus cargos.
En un escrito entregado en el Palacio de San Lázaro, las activistas llamaron al gobierno federal a aplicar las reformas constitucionales en la materia para asegurar que ningún servidor público involucrado en actos de agresión mantenga una posición de poder.
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El artículo 38 de la Constitución establece que cualquier persona que haya incurrido en violencia no debe ocupar cargos públicos o de elección popular, en un esfuerzo por proteger a víctimas, particularmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes
Sin dar a conocer públicamente los nombres de los funcionarios acusados, sostuvieron que quien es capaz de transgredir a su primer círculo de confianza y amor, es decir a su esposa, pareja, hijas o hijos, no puede ocupar cargo alguno en el gobierno.
Los colectivos Fundación Vive 110% Mujer, EQUIS Justicia para las Mujeres y Mujeres Aportando a Mujeres remarcaron la urgente necesidad de que la Función Pública establezca controles más rigurosos en sus Órganos de Control Interno para garantizar que quienes ocupen cargos demuestren una “integridad ética incuestionable”.
Detallaron que uno de los funcionarios demandados continúa ejerciendo violencia hacia su ex cónyuge y su hijo, incluso después del divorcio, además de incurrir en violencia vicaria, buscando perjudicar a su ex pareja a través del daño contra su hijo.
“Desde antes de que uno de sus hijos cumpliera la mayoría de edad y una vez cumplida, no ha parado de hacerle daño, además de intentar quitarle la pensión alimenticia en varias ocasiones, causándole un grave daño emocional”, señalaron.
Las inconformes instaron a las autoridades federales a responder a los reclamos de la sociedad civil, pues a su juicio debería ser suficiente con el hecho de que estos funcionarios tengan denuncias en el ámbito civil por violencia familiar para apartarlos de sus cargos mientras se lleva a cabo el proceso y se deslindan responsabilidades.
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