Por unanimidad de votos, la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso de Nuevo León aprobó la nueva Ley de Fomento a la Sociedad Civil, contemplando que el Estado otorgue apoyo económico y jurídico a todas las organizaciones.
En sesión ordinaria, Marco Decanini, presidente de la Comisión, explicó que se contempla también a aquellos colectivos o redes que, sin estar constituidos legalmente, lleven a cabo actividades a favor de la sociedad, al tiempo que se homologará con la federal.
“Se crea un Comité y un Consejo los cuales coadyuvarán con la Secretaría de Desarrollo Social para la política pública de desarrollo social, y además tendrán voz para la toma de decisiones respecto a seleccionar a las organizaciones beneficiadas”, se lee en el proyecto.
Es importante mencionar que se excluyó del objeto de la Ley a las empresas que integran el sector privado y organizaciones de la sociedad civil que bajo cualquier carácter se encuentren vinculados, directa o indirectamente, a partidos políticos o agrupaciones políticas.
Sobre el otorgamiento de los recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil que desempeñen alguna de las actividades previstas en el artículo 4, indica el dictamen, deberán contar con reglas de operación públicas y transparentes.
“Incluirán dentro de sus bases el mecanismo de convocatoria para el otorgamiento de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, en donde se establecerá el tipo o modalidad de apoyo, monto autorizado y requisitos de acceso”, explicaron.
También se contempla la creación de un Comité Técnico para el Fomento de las Actividades, que estará conformado por dependencia estatales, el cual tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de la Ley.