Por unanimidad, con 37 votos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión y establecer la persecución de oficio a dicho acto ilícito.
Al finalizar su reunión en solo 40 minutos, la comisión turnó el dictamen a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con la intención de discutirla en el pleno al comienzo del nuevo periodo ordinario de sesiones en septiembre entrante.
De acuerdo con el proyecto de reforma al artículo 73 de la Constitución Política, la nueva legislación deberá establecer el tipo penal de la extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, a fin de prevenir, investigar y castigar dicha conducta, eliminando los vacíos legales en la materia.
Con ello, se busca articular los recursos del Estado para el combate estratégico del delito mediante acciones de investigación e inteligencia; el uso de herramientas institucionales como programas de formación y capacitación de personal especializado; canales de denuncia y seguimiento coordinados; atención pronta y efectiva a víctimas, ofendidos y testigos, así como reparación integral del daño.
Diputados de todos los grupos parlamentarios advirtieron la urgente necesidad de aprobar la reforma constitucional y posteriormente expedir la ley general contra la extorsión, como delito de alto impacto.
Por Morena, la diputada Clara Cárdenas instó a frenar la alta incidencia de la extorsión, particularmente las modalidades de estafas telefónicas y cobro de piso, como actividades primordialmente relacionadas con el crimen organizado.
En representación del PAN, la legisladora Cristina Márquez expresó el respaldo de su partido a la iniciativa presidencial.
“Cómo no vamos a apoyar una estrategia, una idea, que pueda ayudar a evitar que una imagen tan desgarradora como la de la maestra siendo cercada por los delincuentes en Veracruz se vuelva a repetir. De ninguna manera podríamos no estar de acuerdo en apoyar y acompañar la posible solución a un problema tan doloroso que ha afectado a todos los rincones de nuestro país”, señaló.
Así fue la discusión sobre la extorsión:
A su vez, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, llamó a abrir un espacio para trabajar la legislación secundaria, incluyendo las opiniones de los gobernadores y fiscales de los estados, así como expertos y legisladores, para combatir la extorsión en todas sus variantes, incluida la del crimen organizado sobre autoridades municipales.
Extorsión en México: así son los números
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras en enero de 2025 se registró un promedio diario de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en solo seis años.
El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron 61.8 por ciento de las víctimas durante 2024 y enero de 2025
No obstante, “una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas, pues actualmente los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y 12 años de pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas.
Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos.
EHR