Con acusaciones de “traidores a la patria” entre legisladores oficialistas y opositores, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para devolver la denominación de empresa pública del Estado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y establecer su prevalencia sobre las empresas privadas en el sector.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en San Lázaro, con el fin de someterlo a discusión y votación en el pleno en la próxima legislatura en funciones a partir del 1 de septiembre.
Durante la discusión en lo particular se aprobaron reservas impulsadas por Morena para acotar la participación de los particulares en la industria eléctrica, prohibir las concesiones para la explotación de litio y reafirmar que la planeación del sistema eléctrico tendrá entre sus objetivos proveer el pueblo de electricidad al menor precio posible y sin fines de lucro.
“Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. La empresa pública del Estado será prevalente para la provisión del servicio público de electricidad”, puntualiza el proyecto.
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Subraya que “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”.
Avalada con 21 votos a favor y 18 en contra, la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador otorga además a la CFE la responsabilidad de proveer servicio de internet.
Sustituye el carácter de “empresas productivas del Estado” que la reforma eléctrica de 2013 dio a Pemex y la CFE con la denominación de “empresas públicas del Estado”.
Durante la discusión inicial, el legislador petista, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra panistas y priistas, acusándolos de “traición a la patria” por supuestamente defender a las empresas privadas del sector eléctrico, en perjuicio de la CFE.
“Lo dije en tribuna en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, les dije traidores a la patria, son unos traidores a la patria al estar defendiendo los intereses de las empresas privadas de electricidad que nos roban 490 mil millones de pesos al año y les dije en este acto, en este momento, con su votación, nos están entregando la Presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta”, arengó.
En respuesta, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, advirtió que “traidores a la patria” son quienes entregaron el país al narcotráfico.
“Termino diciéndole que nos han llamado traidores. Traidores, a mi juicio, son los que le entregaron este país al narcotráfico, esos son los traidores y voy a citar al presidente del Partido del Trabajo Alberto Anaya, que dijo en este momento hay dos gobiernos, dos gobiernos, uno del narcotráfico”, remarcó, entre gritos y reclamos de los representantes de la llamada cuarta transformación.
Previamente, al fijar la posición de Morena, el diputado Óscar Cantón sostuvo que el principal objetivo de la reforma es fortalecer la CFE y garantizar la seguridad y la soberanía energética.
“¿Por qué se está dando esta reforma constitucional?, simplemente para devolverle al pueblo lo que de manera brutal le fue arrebatado al pueblo de México en la reforma energética de Peña Nieto del 2013, en donde fue una reforma apátrida y mercantil, se privilegió el interés de empresas privadas en contra del interés nacional”, indicó.
El diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, fundamentó a su vez el voto de su bancada en contra del dictamen.
“Esta iniciativa es una iniciativa estatista, que no fomenta la competencia, que formaliza el monopolio de la CFE, fomenta la manipulación de los precios, desincentiva la eficiencia, la modernización y la reducción de costos, limita la inversión en infraestructura, contraviene el tratado firmado con nuestros vecinos de América del Norte, crea incertidumbre en la inversión extranjera (…)
“Esta iniciativa no asegura que las tarifas de energía eléctrica bajen subsidios y, para ser claros, sí estamos contra el estatismo y contra el populismo energético”, asentó.
Aquí puedes ver la sesión:
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