En medio de cuestionamientos de los partidos de Movimiento Ciudadano, Morena y del PVEM, la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso de Nuevo León aprobó 20 cuentas públicas del 2017, correspondientes a consejos, institutos, fondos, fideicomisos y universidades estatales.
Durante la sesión, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, solicitó que el asunto se dividiera en bloques, por lo que Ivonne Bustos, del Partido Verde; Tabita Ortiz, de MC; y Julia Espinoza, de Morena, coincidieron con el panista al considerar que en al menos cuatro cuentas públicas se encontraron irregularidades.
Los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad 15 cuentas públicas del 2017 destacando la del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación, la del Instituto de Defensoría Pública, y la del Fideicomiso para la Reordenación Comercial.
Así como también la de Proyectos Estratégicos, la del Museo de Historia Mexicana, la de la Operadora de Servicios Turísticos, la de la Promotoría de Desarrollo Rural, Firce, Simeprode, Tránsito, Conarte, Unidad Tecnológica de Cadereyta, y Tecnológica de Escobedo.
No obstante, la Comisión de Hacienda aprobó por mayoría las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, Instituto para la Capacitación y Educación del Estado, Instituto de la Vivienda y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tabita Ortiz, de MC, evidenció a Parques y Vida Silvestre porque se determinó una diferencia de 32 mil pesos entre el saldo de 18 millones de pesos registrado por Finanzas del Estado.
“Otra observación es que el saldo presenta una antigüedad de hasta cinco años del cual el ente público no proporcionó evidencia de gestiones de cobranza o aclaración de la cuenta”, por lo que criticó y votó en contra.
Julia Espinoza, de Morena, dijo que su bancada encontró un monto observado de 3 millones 268 mil 456 pesos en el Instituto para la Capacitación y Educación del Estado, al tiempo que también encontró una probable recuperación de 2 millones 390 mil 600 pesos.
“Implica daño a la hacienda pública, el Instituto no presentó evidencia de los servicios prestados por una empresa privada, por concepto de capacitación y evaluación y contratación de 23 elementos por importe de 98 mil 600 pesos”, agregó.
Por último, Ivonne Bustos, del Verde Ecologista, indicó que, en la cuenta pública de la UANL, se encontró que hay funcionarios del Poder Judicial que a la misma vez están en la nómina de la Universidad, pero éstos no acreditan una compatibilidad de horario.
“Los funcionarios no acreditan la compatibilidad de horario, lo cual va en contra de la Ley de Remuneraciones de Servicios Públicos, lo cual resaltaría como los más importantes, además de las ocho observaciones no segmentadas de los asuntos normativos, financieros y económicos”, finalizó.