La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 18 votos a favor y diez en contra tres leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que, entre otros aspectos, formalizan la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial como parte de la reorganización del aparato de justicia.
Con el aval de la mayoría parlamentaria de Morena y aliados, los dictámenes fueron turnados a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con el fin de discutirlos y votarlos mañana martes en el pleno.
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Al fijar la posición de Morena a favor de la legislación secundaria, la diputada Julieta Kristal Vences calificó al Poder Judicial como una “podredumbre” y justificó por ello la reforma.
“Es un poder que, en vez de estar al servicio de la gente y de las y los mexicanos y de la justicia, solo estuvo al servicio de las élites. Porque la justicia llegaba, sí, pero a quien tenía para pagarla, llegaba a quien, sí, a quien tenía dinero para comprarla, llegaba, sí, a los altos políticos”, arengó.
En respuesta, el priista Alejandro Domínguez cuestionó las acusaciones del oficialismo a los juzgadores:
“Yo preguntaría con mucho respeto al oficialismo: a ver, ¿doña Olga Sánchez Cordero, nuestra compañera, fue corrupta?, ¿verdaderamente fue corrupta?. Luego, ¿(Arturo) Zaldívar, que duró cuatro años al frente de la Corte, fue corrupto? ¿Estaba al servicio de los intereses ajenos a la justicia? ¿Jueces, magistrados de colegiados, todos son corruptos? Me niego a pensar eso”.
Previamente, en representación de MC, el diputado Juan Ignacio Zavala definió la reforma judicial como un disparate y advirtió a los legisladores de la mayoría parlamentaria que deberán responder por ello.
“Que todo este modelo que tiene al centro garantizar la discrecionalidad y la disciplina conforme al poder político en turno, es un absoluto disparate. Afortunadamente, la mayoría de Morena y sus aliados que están hoy aquí avalando esto, pues ya no tendrán responsables a quienes echarles la culpa.
“Ya no habrá una Norma Piña a quien atribuirle el descalabro del Poder Judicial y ustedes, compañeras y compañeros, tendrán que rendir cuentas por lo que están aprobando aquí el día de hoy”, puntualizó.
Por el PAN, la diputada Margarita Zavala denunció la intención de controlar a los jueces a través del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.
“Sí puede ser un momento histórico, pero no todos los momentos históricos son luminosos; es un oscuro momento histórico en el que anulan al Poder Judicial”, remarcó.
El legislador morenista, Hugo Eric Flores, reprobó las críticas de la oposición al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: “No creo que sea muy buena idea estar diciendo que no va a funcionar algo que todavía no existe y que, por cierto, en otros países sí funciona”.
Aprobadas con 18 votos a favor y 10 en contra, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial, un ente con independencia y autonomía técnica y de gestión, y el Tribunal de Disciplina Judicial, como instancia responsable de investigar, sustanciar y resolver las denuncias por responsabilidades administrativas de los juzgadores.
A su vez, avalada con 23 votos a favor y nueve en contra, la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación define las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas bajos los principios de independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización.
Crea asimismo el Registro Único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial como un padrón que contendrá información básica y técnica en materia de recursos humanos del personal perteneciente a la carrera judicial.
Con 22 votos a favor y nueve en contra, las modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas señalan que los juzgadores observarán en el desempeño de su cargo los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.
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