Con 16 votos a favor y seis en contra, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, sin modificación alguna a la minuta avalada ya por el Senado de la República.
El proyecto de ley fue turnado a la Mesa Directiva, con la intención de ponerlo a discusión y votación en el pleno cameral el próximo martes.
La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados rechazaron las propuestas presentadas por la oposición, particularmente la de reformar primero el artículo 102 constitucional para garantizar la autonomía del nuevo fiscal.
Al fijar el posicionamiento de Morena, el diputado Luis Fernando Salazar recordó que la reforma constitucional aprobada en 2014 para sustituir a la Procuraduría General de la República con la nueva fiscalía lleva cuatro años sin ser aplicada por la omisión de expedir la ley reglamentaria.
“Más de un año llevamos ya con un encargado de despacho al frente de una procuraduría que ha quedado desarticulada: hoy que apenas inicia un nuevo gobierno que está obligado a dar resultados, sería muy lamentable correr el riesgo de seguir, incluso hasta el siguiente año con un encargado de despacho por la ausencia de una ley que permita proceder al nombramiento del próximo fiscal”, puntualizó.
Los diputados del PAN acusaron a Morena de simular un diálogo con la sociedad civil, pues finalmente aprobaron sin cambios la minuta de los senadores.
Tanto la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, como sus correligionarios panistas Lizbeth Mata, María del Rosario Guzmán y José Elías Lixa afirmaron que la mayoría parlamentaria se negó a integrar las propuestas de organizaciones de la sociedad civil y de los diputados de la oposición, por lo que anticiparon su voto contra el proyecto.
Por el PRD, la diputada Verónica Juárez expresó también la oposición de su bancada, por considerar que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República no garantiza la autonomía ni la independencia de la nueva institución para el desarrollo de sus investigaciones.
“Votaremos en contra porque las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción, delitos electorales, derechos humanos y asuntos internos tienen múltiples factores que acotan su autonomía, mientras la Coordinación General constituye en los hechos una vicefiscalía que lesiona gravemente la autonomía de las fiscalías especializadas al constituirse como un órgano fiscalizador de su actividad”, dijo.
De acuerdo con el dictamen, la designación del fiscal general se haría en los términos previstos por el artículo 102 de la Constitución Política, es decir, el Senado propondría diez nombres al Presidente de la República, quien a su vez seleccionaría de esa lista a una terna para que los senadores elijan al titular de la nueva institución.
Las bancadas del PAN y del PRD, así como activistas de organizaciones sociales, advirtieron, sin embargo, que ese mecanismo abre la puerta al nombramiento de un “fiscal carnal”.