El Congreso del Estado de México se podría convertir en la primera Legislatura en aprobar la llamada Ley Mariana Lima para que cualquier muerte violenta en contra de una mujer que ocurra en la entidad sea investigada con perspectiva de género, incluyendo los suicidios y accidentes, y se sancione a los servidores públicos que incurran en actos de omisión, negligencia u obstruyan la justicia.
En comisiones unidas para la Igualdad de Género y la de Procuración y Administración de Justicia, se aprobó la iniciativa que presentó la diputada Jennifer Nathalie González López, quien retomó las demandas de la activista Irinea Buendía y de varios colectivos, así como los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta el momento, este es el primer dictamen que se emite a favor, pero todavía falta que se someta a votación del pleno y todavía no existe fecha para presentarla en el salón de sesiones, lo cual podría ser hasta después de septiembre o en un eventual periodo extraordinario.
¿Qué propone la Ley Mariana Lima?
Con esto se aprueba que las investigaciones se hagan con perspectiva de género y debida diligencia; todas las muertes violentas sean investigadas como posible feminicidio, y se sancione a las y los servidores públicos que incurran en faltas, omisiones o negligencias que obstruyan la investigación y la justicia; y se repare el daño de las autoridades, además de que se impulse un cambio cultural con nuevos patrones, educación y capacitación.
Las y los diputados locales reformaron la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México e hicieron adiciones al Código Penal de la entidad, en materia de investigación de delitos con perspectiva de género y negación de la justicia.
Cuando algún servidor público de procuración o administración de justicia incurra en delito por obstruir la justicia, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días multa y la destitución e inhabilitación que corresponda.
Diputados respaldan tipificar la negación de la justicia
Ana Yurixi Leyva, del PT, reconoció el trabajo de la activista Irinea Buendía, quien ha recorrido 22 entidades del país para dar a conocer una sentencia histórica, de su hija Mariana, abriendo los ojos de un sistema judicial que solía ser ciego ante la violencia machista.
Nelly Rivera, de Morena, reconoció que, en justicia, además de inyectar recursos, se necesita hacer cambios por la falta de exhaustividad y la nula aplicación de perspectiva de género, con lo cual la entidad se podría convertir en la primera entidad del país en tipificar la negación de la justicia con este enfoque.
Le diputade Esmeralda Navarro indicó que como Legislatura tienen la responsabilidad de responder a las demandas de una sociedad que exige justicia. El diputado Octavio Martínez Vargas consideró que esto es un avance notable, garantizar que ninguna línea de investigación sea descartada, pero pidió revisar los nombramientos al interior de la Fiscalía de Justicia porque no es posible que la fiscal para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros lleve 13 años en el cargo y no haya resultados.
PNMO