Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda avalaron el proyecto por el que se modifica la Ley General de Comunicación Social y deroga la disposición para que las entidades federativas homologuen el límite de sus gastos en la materia al 0.1 del Presupuesto de Egresos Anual aprobado por sus respectivas legislaturas.
Esta propuesta busca establecer que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinen su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, dijo que las características geográficas, sociales, económicas y culturales de cada región son elementos necesarios para considerar en la forma de comunicarse con la población, de ahí la importancia de que los gobiernos locales establezcan su propio límite de gasto en comunicación social.
El senador Rafael Espino de la Peña consideró que establecer límites fijos era una “invasión de facultades de la Federación” hacia los gobiernos locales, por lo que lo correcto es que ellos mismos, conforme a sus circunstancias, determinen su propio límite de gastos en materia de comunicación social.
Por Morena, el senador Eli Cervantes recordó que la Constitución establece que los estados y municipios tiene autonomía en su gobierno y en la administración de sus recursos, por lo que el Congreso de la Unión no puede dictar medidas que restrinjan la forma en la que ejercen su presupuesto.
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, dijo que esta modificación resarce un error que contenía el denominado Plan B en materia electoral, ya que el tope a los gobiernos en materia de comunicación social atenta contra el ejercicio del gasto público de estados y municipios.
A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, señaló que la pretensión centralista de imponer un porcentaje máximo no tomó en cuenta las características y presupuestos propios de cada entidad federativa, lo que impulsaba una disparidad entre los estados con más ingresos y aquellos con recursos más limitados.
De Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón celebró esta modificación, pues subsana un error en el Plan B electoral; sin embargo, advirtió que este cambio no altera de forma y fondo el carácter inconstitucional de las reformas planteadas en esta materia.
Además, los senadores avalaron un proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el objetivo de reconocer a las mujeres que han forjado nuestra patria.
Para ello, plantea que se ice la bandera en los edificios sede de las autoridades y de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero, así como en los edificios de las autoridades e instituciones que presten servicios educativos y médicos y en las oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos, y en plazas públicas.
Esto, en reconocimiento a Elvia Carrillo Puerto, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo, María Josefa Cresencia Ortiz Téllez–Girón, Rita Cetina Gutiérrez, Hermila Galindo Acosta, Dolores Jiménez y Muro, y María del Carmen Martina Serdán Alatriste.
También a Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, Margarita Eustaquia Maza Parada, María Ignacia Reich, Matilde Petra Montoya Lafragua, Amalia González Caballero, Juana Belén Gutiérrez, María Refugio García Martínez, María Guadalupe Sara Pérez Romero, María del Carmen Martina Serdán Alatriste, y Laureana Wright González.
Además de Juana Catalina Romero Egaña, Elena Irene Arizmendi Mejía, así como por el Dia Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
JLMR