Las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, con 19 votos a favor y ocho en contra, el proyecto para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es promover la adopción de esas modalidades para trámites de gobierno y en las operaciones comerciales de los proveedores de bienes y servicios.
El dictamen deriva de una minuta enviada por la Cámara de Diputados con la que se crea una norma de 22 artículos y cinco transitorios, la cual considera a los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y de crédito, el servicio de domiciliación y la transferencia de fondos, entre otros, como medios de pago digitales y electrónicos a los que pueden recurrir los usuarios.
Define a la CURP Digital y al Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación digital de servicios financieros; y a las plataformas, aplicaciones web, aplicaciones móviles o similares y, en general, los programas de cómputo, como parte de las soluciones tecnológicas para modernizar los pagos de trámites y servicios.
Para la implementación de esos medios digitales y electrónicos, precisa la norma, los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria y promover su uso entre los usuarios, además de adoptar las medidas para atender y, en su caso, subsanar las contingencias que impidan esas modalidades.
También estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes, en las que sólo se aceptarán los pagos digitales; además, precisa que se permitirá el uso de efectivo y el cheque cuando alguna contingencia imposibilite esas formas de transacción.
El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, señaló que la implementación de esta ley no debe interpretarse como la eliminación inmediata o generalizada del dinero en efectivo, sino como el establecimiento de un marco jurídico que permitirá ampliar, de manera progresiva, la adopción de medios digitales y electrónicos para el pago de trámites, bienes y servicios.
Recordó que las experiencias internacionales han sido positivas en la masificación de los pagos digitales, pues éstos incrementan los ingresos de los pequeños comercios, reduce las barreras de entrada a la economía formal y detona el bienestar social; además, sostuvo que el ordenamiento comprometerá a las autoridades a impulsar la conectividad y a coadyuvar con la política nacional de inclusión.
Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que la promoción y adopción de las transacciones digitales posee una dimensión social, pues una tiendita o taller que opere a través de esos medios tendrá facilidad para registrar sus ingresos, acreditar sus operaciones y para acceder a créditos o financiamiento, e, incluso, puede ahorrar tiempos de traslado y de espera.
“Una economía digital no es más justa sin no reduce obstáculos, amplía oportunidades y no deja atrás a nadie por su lugar de residencia, edad o nivel de ingresos; no legislamos para las plataformas, sino para hacer más sencillo y seguro el trabajo, las ventas, los ahorros y los trámites de las personas”.
IOGE