Con 23 votos a favor y 20 en contra, las comisiones unidas de Energía, de Medio Ambiente y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron esta noche sin cambio alguno el dictamen de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, con la intención de discutirla y votarla en el pleno el próximo jueves.
Previamente, la mayoría parlamentaria de Morena y PT rechazó la propuesta de la oposición para convocar a parlamento abierto y analizar con especialistas la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los senadores del PAN, PRI y PRD demandaron el cumplimiento de los compromisos para citar a discusión en parlamento abierto el próximo miércoles, pero los legisladores morenistas desecharon la proposición, por considerarla una pérdida de tiempo.
La panista Xóchitl Gálvez acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, de incumplir el acuerdo para escuchar a los expertos en la materia.
“Simplemente nos tomó el pelo y se burló de nosotros, no se vale”, afirmó la senadora de Acción Nacional.
En una reunión semipresencial de cuatro horas y media, los senadores integrantes de las comisiones unidas discutieron y avalaron un dictamen sin modificación alguna sobre lo aprobado la madrugada del pasado miércoles en la Cámara de Diputados.
Por el PAN, Xóchitl Gálvez, Alejandra Reynoso y Julen Rementería, así como Claudia Ruiz Massieu y Sylvana Beltrones, del PRI, alertaron nuevamente sobre la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica y la contravención a acuerdos internacionales como el T-MEC, el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
Insistieron en el retroceso en materia de salud y medio ambiente, al privilegiar las energías más sucias y caras, por encima de las centrales eólicas y solares.
Incluso el senador Raúl Bolaños Cacho, del PVEM, expresó su total rechazo a la iniciativa presidencial, por considerar que viola el artículo 25 constitucional en materia de desarrollo integral y sustentable, así como el artículo cuatro sobre el derecho a la salud y al medio ambiente sano, al despachar primero energía contaminante.
El proyecto de reformas modifica el orden de prelación para el despacho de las centrales eléctricas y pone en primer lugar las plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por la nuclear, geotérmicas y termoeléctricas de la empresa pública, mientras que las eólicas y solares de inversionistas privados quedan en el tercer sitio, dejando hasta el final las de ciclo combinado propiedad de particulares.
La reforma obligará a la Comisión Reguladora de Energía a invalidar los permisos de autoabastecimiento obtenidos, en su caso, mediante “fraude a la ley”.
A su vez, los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes “deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal”.
JLMR