El Comité de Evaluación Judicial está acorralado con sentencias contradictorias sobre mantener suspendido o reactivar la selección de candidaturas de la elección judicial, pero en ambos escenarios tiene implicaciones de investigaciones penales y multas económicas de hasta medio millón de pesos, por lo que espera que la Suprema Corte intervenga.
Tanto del lado de los jueces que les instruyó no continuar con la elección judicial, como del Tribunal Electoral que les ordenó lo contrario, hay de por medio consecuencias graves para los integrantes del Comité Judicial como vistas al Ministerio Público, multas de hasta medio millón de pesos o incluso el doble, investigaciones por diferentes delitos, arrestos de hasta 36 horas y autorización para usar la fuerza pública.
MILENIO reveló el oficio que envió ayer Wilfrido Castañón León, presidente del Comité de Evaluación del Poder Judicial a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que notificó que “se encuentran imposibilitados” para acatar la sentencia de reactivar el proceso en 24 horas, porque la sentencia de la Sala Superior y de los jueces son contradictorias y ponen a sus integrantes en “riesgo de sanciones graves”.
Del lado de las suspensiones judiciales que emitieron los juzgados Primero de Distrito en el Estado de Michoacán y Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, se les advirtió que de no acatar, darían vista al Ministerio Público de la Federación porque las y los integrantes del Comité estarían incurriendo en un posible delito al no cumplir la suspensión.
“Y que se inicie la carpeta o las carpetas de investigación que correspondan”, así como la imposición de multas que van desde los cinco mil 285 pesos hasta los 107 mil 570 pesos para cada integrante.
Estas consecuencias siguen vigentes, pues ninguna autoridad las ha dejado sin efectos, por lo que el Comité Judicial sigue acatándolas.
Sin embargo, del otro lado, el desacato a una sentencia definitiva e inatacable en materia electoral, que es la Sala Superior, las consecuencias también son graves y el plazo para cumplir vence este viernes.
MILENIO confirmó que las magistraturas tienen listas las implicaciones para el Comité de Evaluación que contempla la Ley General de Medios de Impugnación en el caso de incumplimiento a las sentencias definitivas e inatacables de la Sala Superior.
La ley indica como “medios de apremio y acciones disciplinarias: apercibimiento, amonestaciones, multa de cinco mil veces la Unidad de Medida de Actualización (565 mil 700 pesos) y en caso de reincidencia podría aplicar hasta el doble de la cantidad señalada, auxilio de la fuerza pública y arresto de hasta por 36 horas”.
El plazo de 24 horas que dio la Sala Superior vence este viernes a medio día, por lo que, al ya ser notificados que el Comité decidió pedir una resolución a la Suprema Corte por recibir dos órdenes contradictorias, el Tribunal Electoral podrá decidir en privado con cuál de las medidas de apremio comienza a presionar al Comité.
Fuentes de la Sala Superior también señalaron a MILENIO que otra vía sería que sea el propio TEPJF el que concluya el proceso de selección de candidaturas en una atracción de facultades, sin embargo, esto generaría más complicaciones pues está imposibilitado para tratar asuntos de magistraturas electorales, por lo que tendría que remitir esos aspirantes a la Corte.
Este jueves, el TEPJF informó en un breve comunicado, que esperaría a que venciera el plazo para emitir un posicionamiento sobre la no ejecución de su sentencia.