Tras el anuncio de dirigentes de distribuidores de gas LP para levantar el paro de labores que realizaron al inicio de la semana, la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó al gobierno federal a moderar las políticas en torno a la venta del gas, y generar un mercado justo.
Jafet Sainz Villareal, coordinador general de la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME), en donde se congregan parte de los “piperos” de gas LP, informó que determinaron reiniciar el abastecimiento del combustible en sus mil 200 distribuidoras, microempresas y estaciones afiliadas que fueron cerradas.
Explicó que el acuerdo lo tomaron ante la petición de la autoridad federal y por la necesidad que tiene la sociedad del gas y sobre todo los comercios y el transporte público.
Sostuvo que esperarán hasta el viernes para que les brinden una solución a sus demandas o de lo contrario volverán a suspender las labores. “Estamos haciendo todo esto para que se siga trabajando, si no hay solución se regresará al paro y seguiremos tratando de hablar con la autoridad”.
Agregó: “estamos pidiendo alguna fórmula que tome en cuenta al gremio y le pedimos al presidente que nos venda el gas directamente de Pemex y con eso se acaban muchos vicios que hay. Yo creo que es más viable que Pemex nos distribuya directamente porque le ingresaría directamente al gobierno y también beneficiaría a la comunidad”.
Apuntó que de los “piperos” afiliados a la organización dependen más de 20 mil familias del Estado de México.
“No estamos en contra de que se haya bajado el precio de lo que estamos en contra es de que nos dejen 20 centavos por litro, dependiendo la zona de operación, no nos alcanzan para operar las pipas, las que no son de las plantas sino particulares. Pedimos que nos entiendan en ese sentido, antes estábamos sobre 1.5 o 2 pesos y era muy complicado salir adelante y ahora con 20 centavos no es rentable”.
Indispensable llegar a acuerdos: Unidem
Por su parte, la Unión Industrial del Estado de México exhortó al Gobierno Federal a moderar las políticas entorno a la venta del gas y generar un mercado justo tanto para clientes, comisionistas y empresas distribuidoras y así evitar, afectaciones caóticas a la población.
“Hace cuatro días el mercado estaba libre, abierto a la competencia, el margen o precio final lo fijaba la libre competencia y la guerra de precios que se daba entre las empresas. Este sistema estuvo funcionando bien muchos años, hasta que llegó la Reforma Energética y algunas empresas empiezan a importar el combustible a costos más bajos y eso hizo que los márgenes de ganancia fueran muy diversos”, señaló Francisco Cuevas Dobarganes, dirigente de la agrupación.
la situación, que provocó protestas y bloqueos en empresas gaseras por parte de comisionistas, pues muchos tenían un mercado muy rentable, con márgenes de ganancia por litro que incluso llegaban hasta 4 pesos y dejaba una rentabilidad hasta más de 10 mil pesos por día por cada unidad de reparto.
Sin embargo, luego de que la Comisión Reguladora de Energía publicara el 31 de julio la tabla de los precios máximos de venta del hidrocarburo, no hubo tiempo para un reajuste del mercado y ahora, el costo por litro de gas puesto en la planta de distribución, ronda los 8.91 pesos. En contraparte, el precio máximo al público ahora es de 11.52 pesos por litro con IVA incluido, eso da un diferencial de 2.61 pesos de margen bruto, lo que impide que las plantas y comisionistas puedan absorber sus costos y gastos.
“En el caso de las personas que se dedican a la venta de gas por comisión, su margen se reduce de una manera muy sensible, a un tercio o una cuarta parte de lo que ganaban antes. Hay empresas distribuidoras muy grandes que a partir de ayer, están ofreciendo a los comisionistas un margen bruto de 50 centavos y hasta 1 peso por litro; considerando los niveles de gastos que manejan, como sueldos, seguros, combustible, pago de créditos o mantenimiento, que son muy altos, no es fácil que el mercado se pueda acomodar de un día para otro”.
Consideró que el conflicto entre comisionistas y el gobierno federal, afectará las inversiones millonarias de las plantas de gas y sobre todo a la población para sus actividades cotidianas en el hogar, sin dejar de mencionar al transporte público que usa, por lo que en poco tiempo podría estallar un problema social.
MMCF