Baja California se convirtió en el sexto estado a nivel nacional en garantizar la Interrupción Legal de Embarazo, sin embargo, de acuerdo con activistas y médicos que trabajan en la entidad, este derecho aún no está garantizado en su totalidad.
En entrevista para MILENIO de manera anónima, una de las doctoras que trabaja en una clínica en donde las mujeres pueden acudir para abortar compartió que pese a la despenalización hace más de año y medio, aún hay médicos que se oponen a brindar apoyo a quiénes lo necesitan.
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“No es un tema muy aceptado en el segundo nivel de atención, en las áreas hospitalarias todavía ha sido un reto, o incluso hasta en los mismos compañeros de salud, les comentan que están haciendo cosas malas, o sea, se violenta a la usuaria que decide”, precisó.
Asimismo otro de los problemas es a los que se han tenido que enfrentar es que las clínicas aún no cuentan con abasto sistematizado de misoprostol o mifepristona, que es el medicamento utilizado para poder abortar sin procedimiento quirúrgico; pero además aseguran que en las farmacias ya hay más restricciones para obtener las pastillas.
“Algo bien curioso en muchas farmacias: podías comprar el misoprostol, como sabemos, de venta libre, y al momento que se despenaliza en Baja California las farmacias empiezan a pedir recetas, y negar el medicamento”, aseguró Renata Cong, integrante del Colectivo Las Borders, organización a favor de los derechos reproductivos de las mujeres.
Actualmente, en la entidad sólo existen dos clínicas del sector salud que garantizan la interrupción legal del embarazo, una en Tijuana y otra en Mexicali, ambas en la frontera, por lo cual el acceso aún es limitado sólo a ciertos municipios.
Desde su legalización, al menos 230 mujeres han abortado en el estado, sin embargo, para las activistas y médicos de la entidad aún queda un largo camino por recorrer en su lucha por los derechos sexuales y reproductivos sin revictimización, ni criminalización.
“Ahora con la despenalización es ‘un poco más sencillo’, y lo entrecomillo porque, pues, la legalidad no implica la accesibilidad, y vemos que sigue habiendo barreras para que las personas puedan acceder al procedimiento”, precisó Perla Martínez, integrante de Las Borders.
LP