La empresa Comunipark S.A. de C.V. (o Moviparq) interpuso dos demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, ambos juicios de nulidad administrativa en trámite y en los que han sido emplazadas las autoridades administrativas demandadas; es decir la administración municipal encabezada por Sergio Baños Rubio, debido a que los actos que llevan en contra de la empresa que opera los parquímetros, para anular el contrato celebrado desde el 2015, son actos violatorios de la Ley, abusivos y arbitrarios, acusó mediante un comunicado.
El documento entregado a Milenio de parte del representante legal de la empresa, Fernando Fuentes Martínez, acusa de abuso, actos unilaterales y arbitrios, de parte de la presidencia municipal para anular el contrato de concesión del servicio de parquímetros entregado desde el 2015 por el otrora presidente municipal, Eleazar García Sánchez, ya que emiten señalamientos y atribuciones que no corresponden a la empresa, sino a las dependencias municipales.
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La denominada “Carta abierta a los ciudadanos de Pachuca” afirma que desde el 2015, cuando se adjudica a Comunipark el Contrato para la prestación del servicio público de estacionamiento en las vías públicas regulado por parquímetros, “hemos trabajado satisfactoriamente con tres administraciones municipales, siempre en un ambiente de cooperación y armonía, con el fin único de brindar el mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Pachuca”, (sic).
En cuanto a las acusaciones emitidas por la administración actual y el presidente municipal, Sergio Baños Rubio, sobre adeudos y omisiones en la entrega de recursos obtenidos por este servicio responden: “nuestra empresa no tiene injerencia alguna. Es importante señalar que la empresa no tiene adeudo alguno con el municipio y mucho menos por concepto de multas relacionadas al servicio de parquímetros, ya que es la propia tesorería municipal quien cobra, concilia y ejecuta las multas impuestas en términos del Contrato. Conforme al propio Contrato, una vez que la Tesorería Municipal realiza las actividades antes descritas, paga a la empresa las cantidades que conforme al propio contrato le corresponden por la prestación del servicio. De ahí que resulte imposible que la empresa haya ‘retenido indebidamente’ cantidad alguna conforme al Contrato, pues la hacienda municipal es la encargada del cobro”, (sic).
De igual forma acusan persecución y actos que no se apegan a la legalidad de parte de la actual gestión encabezada por Baños Rubio, “desde que inició la campaña política del año pasado, la actual administración municipal ha acosado a Comunipark, aseverando en diversos medios de comunicación, que la iban a retirar de Pachuca a como diera lugar”, (sic), lo que impulsó las acciones legales que se han iniciado en su contra y que carecen de legalidad, pues son actos violatorios de la norma y por ello presentaron diversas acciones legales en contra de los mismos.
“Cabe mencionar que el municipio de Pachuca de Soto y sus funcionarios tenían pleno conocimiento de la tramitación de tales acciones legales ante el Tribunal Administrativo mencionado, incluso antes de concluir con sus ilegales acciones. Cualquier acción extra emprendida unilateralmente por el Municipio de Pachuca, seguirá abonando a este abuso del que estamos siendo objeto, nuestra empresa tiene una relación contractual con el ayuntamiento, y están actuando como juez y parte en este asunto”, (sic).
Finalmente, Fuentes Martínez refirió que este documento se hará público debido a que existe mucha desinformación en este tema, además de que continuarán con toda acción legal para evitar que se “imponga la voluntad” de la actual gestión y no se defina conforme a la Ley vigente; además recordó que después de casi 3 años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a su favor una demanda interpuesta sobre la validez de nuestro contrato.
“De repetirse el caso, serán los ciudadanos de Pachuca los afectados ya que las indemnizaciones correspondientes saldrían de la hacienda municipal. Reiteramos nuestra confianza en las instituciones, y en el poder judicial del Estado de Hidalgo, vivimos en un país de leyes, y confiamos en ellas para que nos protejan ante situaciones lamentables como éstas”, (sic) concluye el comunicado.