La Ley de Educación del estado de Puebla aprobada el pasado 15 de mayo afecta no solo a las instituciones de educación superior sino a las tres mil 426 escuelas de carácter privado que ofrecen su servicio en la entidad porque deja lugar a “interpretaciones”, aseguró el rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista.
Después de que el mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa Huerra, defendió la ley y aseguró que las universidades no recibirán canonjías como en los gobiernos pasados, Derbez Bautista destacó que el Consorcio Universitario busca que las disposiciones sean claras y se respete el derecho de los padres de familia de elegir la forma y la institución para que eduquen a sus hijos.
“La ley está sujeta a interpretaciones y hoy el gobernador puede decir y el siguiente gobernador puede decir lo contrario. Lo que nosotros sugerimos en el momento en que pudimos participar en una pequeña discusión y lo digo porque fue un momento muy breve, fue que se cambie el texto y se diga lo que debe ser”, destacó.
El rector de la universidad ubicada en San Andrés Cholula explicó que existen tres problemas con la ley: el método de aprobación que se redujo a tres días por parte del Congreso estatal sin un esquema de parlamento abierto; las interpretaciones que pueden existir y el grado de intervencionismo que es superior al de la Ley General de Educación del país.
“Hay tres mil 426 escuelas privadas que operan en el estado de Puebla, no es un asunto de universidades. Es un asunto del sistema privado de Puebla. El artículo 105 deja sujeto a interpretación el tema de que todas las instalaciones del sector privado educativo pertenecen al sistema educativo estatal. Al dar esa definición no queda claro que ahora ya acaban de hacer una expropiación y estatización de todos estos edificios o si simplemente, lo que la autoridad quiere decir que son parte de un sistema de educación”, apuntó.
Señaló que ya se quitó de la ley la parte que se refería a los colores que debían tener todos los edificios de las instituciones; sin embargo, se mantienen imprecisiones como las que presentan los artículos 105, 143, 145 y 146.
“Nos preocupa el grado de intervencionismo al que está llegando la ley, lo tiene el artículo 105, está el artículo 143, el 145 y 146 en donde la autoridad pretende atribuirse funciones de otras instituciones. Por ejemplo, el 146, cuando habla de que va a revisar los incrementos de colegiaturas, eso no le corresponde a la SEP, le corresponden a Profeco si es que hay un reclamo por parte de estudiantes o padres de familia o le correspondería en su caso al equivalente de la Secretaría de Economía en el estado”, apuntó.
Derbez Bautista lamentó que el Congreso local no haya establecido un parlamento abierto como el que promueve el llamado gobierno de la Cuarta Transformación y, en su lugar, se presenten posiciones unilaterales.
“Ha sido un diálogo de sordos en donde el gobierno del estado y el Congreso local no han querido conversar con el sector privado para escucharnos. No se ha presentado el parlamento abierto como se ha prometido por el gobierno de la llamada cuarta transformación, no hubo discusión en la que pudiéramos discutir y cuando lo logramos, ellos ya la habían aprobado en comisiones y luego fue aprobado en el pleno sin ningún cambio”, agregó.
Resaltó que el Consorcio Universitario y el sector empresarial mantiene la postura de establecer mesas de diálogo para revisar la redacción de los párrafos que se quedan abiertos a la interpretación, con lo cual, se evitarán procesos legales.
“El posicionamiento del sector privado es eliminemos todos estos artículos en la redacción, eliminemos la redacción que está sujeta a interpretación. Entendemos que esto es una armonización de las leyes de los estados con respecto a la ley federal que se aprobó en mayo del año pasado. La ley federal, aunque tiene ambigüedades, no llega a los extremos en que se está especificando en la Ley del Estado de Puebla. Entiendo que lo mismo está ocurriendo en la ley que se discute en la ley que se está discutiendo en el estado de Nuevo León, en Baja California, es decir, se está repitiendo este error y nosotros creemos que es un asunto de sentarse y corregir. No es posible que le quiten a los padres de familia su posibilidad de escoger dónde y cómo quieren educar a sus hijos. La ley lo que dice es que toda la educación tiene que ser definida, no solo en sus elementos básicos sino en todo lo que se puede dar por el estado y eso no vamos a aceptarlo”, finalizó.