A partir de junio, el gobierno de la Ciudad de México asumirá el control del servicio de comercialización del agua, que estaba concesionado a cuatro empresas desde 2004.
Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) detalló que los contratos de dichas empresas concluirán en mayo de 2021, con lo que las atribuciones que hasta ahora tienen como la medición y cobro del consumo de agua; determinación y cobro de multas; gestión del padrón de usuarios; instalación, mantenimiento y reparación de medidores; y conexiones de agua potable y drenaje se trasladarán al Sacmex y a la Secretaría de Finanzas.
“En mayo de este año termina la quinta prórroga y el gobierno de la Ciudad de México ha decidido trasladar todas las actividades para que se hagan de forma directa por Sacmex y por la tesorería de la federación”, manifestó el funcionario en videoconferencia de prensa.
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Se trata de las empresas Veolia, IACMEX, TECSA y AMSA, que atienden a la ciudad en cuatro zonas con más de 2 millones 200 mil usuarios.
Los contratos de estas empresas fueron renovados desde la administración del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Claudia Sheinbaum detalló que no va a haber ningún cambio o afectación para los usuarios, pues solamente será un cambio administrativo con la autoridad.
“Tomamos la decisión de ya no renovar estos contratos de concesión y que este cobro, o el sistema comercial del sistema de aguas pase al gobierno de la Ciudad. Esto va a representar para el año 2022 un ahorro de prácticamente la mitad de lo que se viene pagando a las empresas”, sostuvo.
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Detalló que a partir de mayo, las empresas entregarán toda la documentación y equipos al Sacmex, y en el caso de los empleados se les invitará a colaborar con el gobierno capitalino, en un esquema coordinado entre el sistema de aguas y la tesorería.
Esta medida, detallaron las autoridades, representará un ahorro para la Ciudad de México para este año de 89 millones de pesos, mientras que para 2022 serán 380 millones de pesos.
En 2019, el gobierno capitalino pagó a las concesionarias más de 875 millones, y en 2020 fueron más de 769 millones. Este año aún tendrá que pagar 350 millones por los servicios prestados de enero a mayo.
En el caso de las actividades que recaerán en Tesorería son: acciones de cobranza (cartas invitación, requerimientos, determinantes de crédito, PAE, órdenes de restricción y suspensión); fiscalización; impresión y distribución de boletas; y también actividades de recaudación y cobro en las Oficinas de Atención al Público.
mjsg