El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido, llamó a los titulares de los organismos autónomos y de las alcaldías a acudir a las instancias judiciales para defender su facultad y atribución exclusiva respecto a la decisión de sus presupuestos.
Garrido subrayó la importancia de que a su criterio acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación interponiendo una controversia constitucional, o alguno de los medios, instrumentos e instituciones que el Poder Constituyente configuró con la finalidad de mantener los límites de las atribuciones de los poderes políticos; permitiendo así un desarrollo armónico de sus actividades y manteniendo el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
“La nueva redacción a los artículos 23 y 88 de la Ley de Austeridad atentan contra estos organismos y las alcaldías, al permitir que la jefa de Gobierno pueda definir unilateralmente bajo una facultad extra legal y por demás, ilegítima, el destino de los presupuestos previamente, asignados”, apuntó el legislador local.
Aseveró que desde la oposición seguirá buscando, por los medios jurídicos correspondientes, contrarrestar las malas decisiones del partido mayoritario, por eso seguirá impulsando a todos los actores a proceder con responsabilidad para defender la Constitución y las leyes que de ella emanan, ya que como servidores públicos deben cumplir con la obligación de trabajar por el bienestar de la Ciudad y evitar a toda costa gobernar sólo para unos cuantos.
Pidió que de manera conjunta defiendan sus recursos en aras de la democracia de la Ciudad, advirtió que las adiciones a la Ley de Austeridad van en detrimento de las instituciones porque al reducir sus presupuestos se verán afectadas también en su funcionamiento.
Son afectaciones que podrían ir desde el incumplimiento de programas sociales por parte de las alcaldías o de procesos para la impartición de justicia, hasta limitar el acceso a derechos humanos, advirtió el panista.
Finalmente insistió a los titulares de los organismos autónomos y alcaldes a actuar legalmente en contra del atentado realizado a la división de poderes y defender su presupuesto.
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