El coordinador de Regulación Sanitaria y comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la entidad (Coprisem), Santiago Ramos Millan Pineda, señaló que la ley que estipula el uso de alcoholímetros al interior de bares y restaurantes requiere de un análisis para su aplicación, toda vez que incluye varias contradicciones.
El titular de esta dependencia estatal precisó que entre dichas contradicciones sobresalen la obligatoriedad de que cada establecimiento cuente con un aparato para mediar el grado de alcoholemia por cada 30 comensales, mientras que su uso no es una obligación para los asistentes a estos sitios.
“Es una idea mal planteada porque la ley ordena que tiene que hacer por cada 30 comensales un alcoholímetro; sin embargo, su uso no es obligatorio, es decir es obligatorio para los establecimientos, pero no para los comensales”.
El funcionario detalló que los alcoholímetros señalados por la norma técnica en la materia funcionan colocándoles una moneda de 10 pesos y un popote, mientras que las tendencias mundiales señalan la reducción en el uso de éstos.
“Es ilógico que si se quisiera usar este aparato se tengan que poner 10 pesos, debería ser gratuito. Yo en particular estoy a favor de la norma, pero hay que ajustarla, tiene que ser gratuito y tiene que haber varios modelos”.
Los ajustes de la norma, añadió, podrían estar relacionados con la propia definición de los aparatos, es decir, que se sugieran distintos tipos para los diferentes giros y capacidad del local, ya que existen algunos con mayor afluencia y donde la venta de alcohol es mayor, en comparación con otros.
LC