Sólo 44 personas han sido dadas de alta ante el IMSS en el programa de Personas Trabajadoras del Hogar, proyecto piloto impulsado por el Gobierno Federal desde el pasado 1 de abril del año en curso.
El dato fue otorgado por personal de la Delegación del Instituto en Guanajuato, con fecha de corte hasta el lunes 6 de mayo. La cifra corresponde a todos los registros realizados a nivel estatal.
Se detalló que la próxima semana se ofrecerá una rueda de prensa para brindar mayores detalles sobre el impacto del programa en la entidad.
En la presentación del programa, el director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, señaló que apenas se empieza a pagar una "gigantesca deuda" con este sector vulnerable de la población, por la discriminación, racismo, y humillación a la que han sido víctimas.
Al ser parte de la derechohabiencia del IMSS, las trabajadoras del hogar que queden inscritas bajo este programa tendrán acceso a servicios médicos, de pensiones por invalidez, fondo para el retiro, y prestaciones sociales.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, señala que en México 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado, de dicha cifra, el 92% son mujeres
Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señalan que los hombres que se dedican al trabajo del hogar remunerado gozan de mejores condiciones laborales que sus contrapartes, las mujeres.
Por ejemplo, tres de cada diez hombres trabajadores del hogar perciben hasta dos salarios mínimos; entre las mujeres, la proporción aumenta a cuatro de cada diez.
Y mientras que 83.2% de los hombres en esta ocupación no tiene acceso a servicios de salud, la proporción entre las mujeres aumenta a 98.1 puntos porcentuales.
Entre las trabajadoras que participaron en una encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), establece que un tercio de las personas y trabajadoras del hogar comenzaron a trabajar siendo menor de edad; de hecho, el 21% lo hizo entre los 10 y los 15 años, edades en las cuales se considera una práctica ilegal.
Nueve de cada diez de las trabajadoras del hogar encuestadas en el mismo estudio no contaba con un contrato escrito que especificara sus actividades.