Alrededor de 60 mil pesos es la inversión que Yessica San Luis estima ha gastado en una especialidad que, a la fecha, no le pertenece. Esta cantidad la invirtió en los cinco años que cursó el Bachillerato Tecnológico en Enfermería General, de la queegresó sin ningún título y cédula que le permita poder percibir lo justo o encontrar alguna plaza digna.
Son cuatro los años que ha esperado por un documento por el que ha perdido la esperanza y se ha visto inmersa en un laberinto burocrático sin respuestas. A la fecha, trabaja en el sector privado, en una plaza que no le es segura y por la que debe renovar contrato cada tres meses, además de recibir la mitad de un salario que ronda entre los 7 mil y 10 mil pesos.
A través de los campos clínicos, en charlas e incluso en redes sociales, supo de historias y testimonios similares: incertidumbre que se ha vuelto colectiva de un mismo trámite, de la ausencia de un papel.
“Mi nombre es Cynthia”, “mi nombre queda en el anonimato por obvias razones”, “soy Silvia”, “soy Karina y hasta la fecha no me resuelven el trámite para entregarnos el título. Nos preocupa mucho”, son las voces de generaciones que viven lo mismo desde hace tres, cinco y seis años.
Un número incierto, pero que se estima se encuentra por encima de los 100 casos —sólo contemplando la especialidad de enfermería en un plantel— de un mismo colegio que cuenta con tres sedes y que imparte cuatro carreras técnicas.
La historia de Yessica comienza en 2013, cuando ingresó al Centro Tecnológico de Estudios Superiores del Valle de México (Cecovam), en el plantel ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Una institución que cuenta con la incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para impartir el Bachillerato Tecnológico con diferentes especialidades, que se define a sí misma como una “Institución educativa sólida e íntegra”.
El colegio pertenece a los 6 mil 578 planteles privados de tipo Educación Media Superior en el país, de acuerdo con datos del Sistema Educativo Nacional 2021-2022, que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y los requisitos mínimos que establece la Ley General de Educación y el Acuerdo Secretarial 279 para funcionar en cuanto a profesorado, instalaciones, planes y programas de estudio.
Con la prescripción de contar las instalaciones adecuadas, planes de estudios y un buen perfil docente, la experiencia de una educación por la que se remuneraba de manera mensual no cumplió con las expectativas en las que “no había material de práctica como tomas de oxígeno o camillas que no servían” para una especialidad en el área de la salud.
“En mi generación fuimos aportando y llevando cosas para que nosotros pudiéramos practicar y poder aprender, por eso nos atrasamos. El quirófano ni siquiera estaba completo. Las instalaciones no eran las adecuadas, ni siquiera había lámparas”, comentó Yessica.
Un periodo de “seis meses hasta más tardar un año”, esa fue la promesa para la entrega de una cédula y título profesional, después de concluir el servicio social y realizar los pagos correspondientes.
No obstante, un sismo, una pandemia, un trámite mal hecho y el atraso de la Secretaría de Educación la dejó sólo con un acta de recepción profesional y carta pasante que valida la especialidad, pero que no sirve como llave al mundo laboral.
Un oficio al Departamento de Gestión Educativa, en el que se pedía ayuda a la presidenta municipal de Naucalpan de Juárez, fue la primera alternativa; sin embargo, debido al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal y el Bando Municipal vigente, no se pudo intervenir o hacer algo al respecto por ser una institución educativa privada.
Como respuesta, le llegó un oficio en el que se leía: “Se ha cumplido con la tramitología en tiempo (...) le corresponde a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), hacer entrega de los documentos faltantes”.
Sin embargo, hay historias paralelas que sufrieron un mismo daño, pero irreparable, ya sea por la falta de una plaza o por no alcanzar el límite de edad en una dependencia como enfermera en el sector salud.
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Esta es la situación que vive Carolina Caballero, que ingresó a los 35 años a estudiar en el mismo plantel y, al igual que muchos otros, encontró una alternativa económica en una carrera técnica, que de acuerdo al portal Mextudia, en una licenciatura ronda entre los 5 mil pesos mensuales en una institución privada de renombre, pero del que solo pagaba mil 400 pesos.
A partir de que egresó en el año de 2017 comenzó un recorrido por varias dependencias, debido a que “a causa del sismo de ese año y de servicios profesionales” no ingresaron los documentos para iniciar el trámite, por lo que ha acudido al titular del plantel a varias dependencias de la DGETI, e incluso ha levantado un oficio a la profesora Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, de quien no ha tenido respuesta alguna.
“Esperé a que me dieran el título para empezar a buscar trabajo. A mi me gustaba mucho el IMSS y el ISEM, pero no te dan trabajo si no llevas un título o cédula, les dan una acta de recepción profesional como pasante que tiene duración de un año y un certificado, pero no te aceptan”.
-¿Es un problema general?
“No se lleva más de un mes en solucionar la queja”, dijo en entrevista para MILENIO el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), Alfredo Villar Jiménez, quien también se ha visto afectado por los retardos en la documentación, pero no en un tiempo excedente de varios años.
“Hemos tenido ese asunto, personalmente he tenido que ir a las oficinas del director de DGETI y lo solucionan de inmediato (…) he visto esta situación y lo resuelven”, reconoció el presidente de la asociación.
En el caso de las escuelas que cuentan con reconocimiento y no acatan sus obligaciones, para Alfredo Villar es una falla de las autoridades: “Si los alumnos no tienen su título y cédula esto es culpa totalmente de la SEP y de las autoridades, ¿por qué si están supervisando no se dieron cuenta los supervisores de esta situación?, ¿por qué no lo avisaron? Aquí hay una falla de la secretaría”.
Las instituciones que no cumplen con lo establecido en la Ley General de Educación, “pueden incluso ser clausuradas, ser multadas o pagar daños a los alumnos por parte de la escuela por la negligencia”, explica.
Por su parte, en un intento por consultar a la Secretaría de Educación se negó tener conocimiento de la situación, argumentando que “no hubo” retrasos. Situación que puede deberse a que “no han subido los documentos en la plataforma” .
“Amaba mi escuela, pero cuando ves que los profesores están coludidos, te sientes muy desilusionada. No es justo que nos hagan esto, a mi edad ya no me aceptan en ningún lugar, me hicieron perder cinco años de mi vida. Yo estudié para salir adelante, ahora ya no, ahora me es difícil”, dice Carolina al otro lado del teléfono, sin descartar la posibilidad de seguir exigiendo hasta conseguir sus papeles, a pesar de qué quizá no pueda tener una plaza de una profesión en la que entró.
LP