Comerciantes del Centro Histórico negaron que sean los responsables de la inseguridad y denunciaron una posible criminalización de sus actividades, luego de que el gobierno de Ciudad de México presentó el Programa Integral de Revitalización de esta zona y aseguraron que podrá implicar quitarles sus fuentes de empleo al removerlos.
“No tenemos la culpa de los índices delictivos en la capital, las autoridades saben cuáles son los grupos que se dedican a diversos delitos como robo y extorsión, por lo que no es válido que se intente atribuirnos estos hechos y que violenten nuestro derecho al trabajo”, denunciaron dirigentes de comerciantes no asalariados.
Diana Sánchez Barrios, activista y líder del Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comerciante Popular y del No Asalariado (Modeccos), que agrupa a 140 organizaciones, consideró que es necesario que la autoridad realice un diagnóstico sobre el tipo de agrupaciones que ejercen el comercio en vía pública.
Dijo que requieren un diálogo transparente con todos los líderes de los comerciantes populares del perímetro, que son alrededor de 50, para conocer el Programa Integral, pues en dichas reuniones no fueron incluidos todos los representantes.
En respuesta a las declaraciones de la secretaria de gobierno, Rosa Icela Rodríguez, en que existen al respecto “ciertos liderazgos” que se oponen al cambio de estrategia y paradigma para reordenar el Centro Histórico”, indicó que organizaciones de la sociedad civil a las que representa fueron las primeras en pedir mayor orden del comercio en las calles, por lo que no se debe generalizar.
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“Los comerciantes populares seguiremos en las calles trabajando porque es nuestro sostén de miles de familias, no nos oponemos al ordenamiento eficaz, lo hemos pedido como sociedad civil organizada; fuimos los que levantamos la voz para exigir a este gobierno una ley del comercio popular en la vía pública que estamos haciendo una iniciativa ciudadana. Somos quienes exigimos ese reordenamiento y seguir con el diálogo”, puntualizó.
Solicitó entablar pláticas con el gobierno capitalino antes de realizar alguna acción que implique la criminalización de los comerciantes, y la violación de sus derechos humanos y laborales.
dmr