Con el propósito de analizar los requerimientos presupuestales para el siguiente año, la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión se reunió con los 25 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados de la república.
Fue el pasado mes de abril cuando se aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto en el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene como fecha límite para su total implementación el 1 de abril de 2027.
El diputado Erasmo González Robledo, presidente de dicha comisión, manifestó la importancia de escuchar cada uno de los planteamientos de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
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Por su parte el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados Unidos Mexicanos, resaltó la estrecha colaboración entre los poderes judicial y legislativo a fin de garantizar el acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita en materia civil y de lo familiar.
A través de este código se pretende la homologación de los procedimientos a nivel nacional para brindar a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procesos civiles y familiares. Además se prevén los ajustes de procedimiento para personas que pertenecen a grupos en situación de especial vulnerabilidad, la designación de apoyos extraordinarios y reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas, además de la implementación de medidas de protección en materia de violencia de género entre otros aspectos.
Establece también que se tendrá que incorporar la oralidad como principio y metodología en los procedimientos, además del aprovechamiento de las tecnologías de la información para agilizar los procesos judiciales.
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