Los cuestionamientos y polémica desatada por parte de los contralores ciudadanos y regidores provocó que el Comité de Adquisiciones de San Pedro Garza García aplazara la compra millonaria sin licitación de una póliza de responsabilidad civil para blindar legalmente a 90 funcionarios del municipio.
Durante la sesión virtual realizada la mañana de este lunes, los integrantes del comité que encabeza Gloria Morales Martínez, aprobaron diferir el fallo por 24 horas para poder incluir una cláusula que establezca que se devuelva un porcentaje de la póliza—
que se busca adquirir por 7.8 millones de pesos— si no se llega a ocupar.
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Brenda Tafich Lankenau, regidora del PAN, pidió “sacrificarse” y que la eliminaran de la lista de 90 funcionarios que serán protegidos por la póliza, al considerarla cara ante la situación de crisis que se vive en el país.
“Propongo que me sacrifiquen porque estoy en ese listado. ¿Por qué tenemos que estar pagando y solapando negligencias, y hasta posibles actos con dolo? Es como solapar que se sigan brindando en la ley acciones que no van conforme a derecho”, dijo Tafich.
Pero fue el señalamiento del contralor ciudadano, Bernardino Martínez Vizacaya, quien calificó de ridículo adquirir un seguro por millones de pesos que abarca la negligencia cometida por los funcionarios.
Otro de los contralores, Roberto González, propuso una opción para que se reembolse una parte de la póliza si no se llega a utilizar, ya que el planteamiento original no contempla cláusula alguna en ese aspecto.
Sin embargo, la directora de Adquisiciones informó que no encontraron un paquete o seguro de éstos en el mercado, por lo que se decidió hacerlo por excepción.
El seguro que se proyecta adquirir por excepción contempla blindar a 90 servidores públicos del municipio ante posibles reclamaciones de hechos ocurridos durante el periodo de cobertura del 31 de octubre del 2020 al 29 de septiembre del 2021.
El servicio fue solicitado por la Secretaría del Ayuntamiento, que encabeza José Dávalos Siller, y abarca gastos de defensa para esos funcionarios con periodo extendido de reclamo a dos años.
La suma asegurada que se busca contratar es de 10 millones de pesos para siete funcionarios; 5 millones de pesos para 34 servidores públicos; 4 millones de pesos para otros dos; 3.5 millones para 11 funcionarios; y 2.5 millones para 36 servidores públicos.
El fallo se daría en 24 horas durante una sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones para evaluar la existencia de una segunda opción, que incluya alguna cláusula de devolución en caso de que no se utilice la póliza.