Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Planeación y Gasto Público y la de Finanzas aprobaron reformas legales para someter a control a todas las grúas y corralones que operan en la entidad, con tarifas fijas, bitácoras y cámaras de vídeo para el ingreso y entrega de cada unidad, con el fin de evitar actos de rapiña.
El dictamen será sometido al pleno este jueves para su votación, para que de esa manera pueda ser enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor en toda la entidad.
Las reformas aprobadas en comisiones, luego de varias reuniones, incluyendo a funcionarios del Poder Ejecutivo da un plazo de 90 días hábiles a los empresarios de este ramo para que se ajusten a la nueva norma estatal, la cual quedó aparejada con la federal.
El presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, Nazario Gutiérrez Martínez, indicó que con esta actualización subirán los montos de arrastre y otros servicios porque llevaban más de 15 años sin actualización, pero se garantiza un servicio con reglas claras.
Las iniciativas que se tomaron en cuenta para este dictamen fueron las presentadas por el diputado Nazario Gutiérrez y la diputada Ingrid Schemelensky Castro, desde la Legislatura anterior. A ella se sumaron las diferentes fuerzas políticas, luego de una reunión con autoridades estatales con quienes acordaron la ejecución de estos cambios.
Había constantes denuncia de los usuarios
Los ajustes fueron a la Ley de Movilidad, el Código Administrativo y el Código Financiero, luego de las constantes denuncias de los y las usuarias del servicio de arrastre en la entidad, por cobros excesivos, daños a la unidad y la aplicación de tarifas discrecionales.
Ahora los corralones y empresas con servicio de salvamento y arrastre deberán ponerse al corriente y cumplir los nuevos requisitos para poder funcionar en la entidad. Entre ellos está el contar con rótulos visibles de las tarifas del servicio, por día, distancia y peso de cada unidad, de manera que no se puedan cobrar montos adicionales.
En primer lugar, dijo el diputado, no habrá “mercadeo” del servicio, cada concesionaria tendrá su área de servicio y las unidades deben ser atendidas por el establecimiento más cercano, sin posibilidad de ser llevada a otro municipio o zona para cobrarle un arrastre más largo. Por esa razón deberán existir bitácoras claras del lugar donde inicia la atención.
Al ingresar al corralón se debe dejar claro el estado en el cual se encuentra la unidad, con detalles de marcas, funcionalidad, entre otras que deben respetarse al salir.
“No se vale que sólo diga trae cuatro llantas y se las cambien por unas de menor costo o que les bajen el radio, la unidad salga golpeada”.
Para ello cada espacio contará con un seguro que cubrirá todos esos daños. Y para comprobar el estado de la unidad deben existir cámaras al ingreso del establecimiento.
“Se va a tener que garantizar el famoso inventario digital, con cámara para video grabar y protocolos de actuación, las grúas totalmente identificadas, membrete, número de concesión y todo lo necesario para identificar su legalidad”.
Algunas voces
Durante los trabajos de la comisión el diputado Isaac Montoya señaló que ya era urgente castigar las malas prácticas, porque esto ha dado lugar a una red de corrupción muy grande, sin justicia eficaz y expedita, con trámites burocráticos, donde el único o perjudicado era el usuario.
La morenista María de la Carmen de Rosa Mendoza, consideró que con esto no habrá pretexto que lleven las unidades a otras zonas donde no les corresponda y bajo ese argumento les cobren una tarifa más alta.
La diputada del Partido de Trabajo (PT), Trinidad Franco Arpero, se sumó al dictamen aprobado al considerar que ya es tiempo de someter a la legalidad a este tipo de establecimientos y pidió se difundan estos cambios entre toda la población para que exijan sus derechos.
JASJ