La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que impuso a Pemex, 12 medidas de urgente aplicación, que incluyen la limpieza del derrame de hidrocarburos de uno de sus oleoductos, ocurrido en Papantla, Veracruz, el pasado 21 de agosto.
“En relación con el derrame de hidrocarburos que afectó la comunidad de Ojital Viejo, en Papantla, Veracruz, la ASEA informa que el derrame se originó en el Oleoducto de 12" D.N. Bs San Andrés Ii-Cab Poza Rica, en el Km 18+500, de la empresa Pemex Exploración y Producción, subsidiaria de Petróleos Mexicanos”.
En un comunicado, la agencia dijo que para verificar las afectaciones ocurridas, llevó a cabo dos procedimientos de inspección que derivaron en nueve medidas en materia ambiental y tres en materia de seguridad, incluidas algunas de urgente aplicación enfocadas a la atención y limpieza del derrame, así como para la reparación de las instalaciones.
Además, aseguró que el 25 de septiembre, su personal se reunió en el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, con habitantes de las comunidades afectadas para explicar las acciones que se llevarían a cabo para atender las afectaciones y ordenar las medidas necesarias.
“Asimismo, personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos asesoró a las comunidades para ingresar una denuncia popular formal ante la ASEA. Por su parte, Pemex Exploración y Producción, informó a esta Agencia que no se observaron daños en especies protegidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010”.
La ASEA sostuvo que se mantendrá monitoreando el cumplimiento a las medidas impuestas e informará sobre la conclusión de estas, así como de la posible remediación ambiental en el sitio.
A inicios de octubre, la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) denunció que la comunidad totonaca de Ojital Viejo, ubicada en Papantla llevaba cerca de 40 días expuesta a un derrame de petróleo que causó la muerte de especies nativas y animales domésticos, además de haber contaminado pozos, parcelas de cultivo, y puesto en riesgo la salud de la población.
Acusan que desde el inicio del derrame el 21 de agosto, las autoridades fueron omisas y negligentes para atender el desastre que afectó 12 kilómetros de un afluente del río Cazones, que desemboca en el Golfo de México.
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