El río Atoyac se encuentra en su peor nivel de contaminación ante la debilidad institucional para detener las descargas, los recortes presupuestales de los tres niveles de gobierno para proyectos en beneficio del medio ambiente y, al mismo tiempo, porque diferentes empresas dejaron de invertir en procesos de tratamiento de aguas residuales ante los problemas económicos que enfrentan ante la pandemia del covid-19.
Verónica Mastretta Guzmán, consejera de Dale la Cara al Atoyac, organización civil que impulsa el cuidado del medio ambiente en la entidad, resaltó que, ante los problemas económicos que generó la pandemia, la ecología es una de las áreas más afectadas.
El río Atoyac que es contaminado en su trayecto por 50 municipios de los estados de Tlaxcala y Puebla, se encuentra en su peor nivel de contaminación porque las autoridades carecen de la fuerza para detener las descargas y para impulsar acciones de rescate.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que ayudaba en la inspección de fuentes de contaminación a los municipios, carece de delegado y su personal se redujo; mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cuenta con un presupuesto reducido para la inspección y vigilancia de los afluentes, destacó la ambientalista.
De forma adicional, los ayuntamientos carecen de herramientas normativas propias ni con reglamentos para la inspección y vigilancia; además, ante la falta de recursos en los tres niveles de gobierno, las primeras áreas que reciben recortes son las encargadas de proteger el medio ambiente, expresó.
“Está peor que nunca porque todas las instancias inspectoras están absolutamente debilitadas. Profepa que antes coadyubaba con los municipios, no tiene delegado y tiene a la mitad del personal; Conagua está muy recortada de recursos para inspección y vigilancia. Los ayuntamientos no cuentan con herramientas propias para inspección y cuando faltan recursos, lo primero que recortan son las áreas de medio ambiente”, destacó.
En entrevista para MILENIO Puebla, Mastretta Guzmán destacó que, a pesar de que, al inicio de la pandemia en marzo de 2020, se notó una reducción de las actividades, en la actualidad, la contaminación del Atoyac se mantiene y las descargas continúan en diferentes puntos de forma clandestina.
Al mismo tiempo, ante los problemas económicos, las empresas están dejando de invertir en sus programas de tratamiento de aguas residuales y en planes de cuidado y protección al medio ambiente.
“Hay más descargas y menos vigilancia. A la par, hay menos dinero de parte de las empresas e industrias. Si los gobiernos hacen recortes, imagínate las industrias sabiendo que no hay vigilancia y enfrentando problemas económicos”, destacó.
Para la consejera de Dale la Cara al Atoyac, uno de los principales problemas que se traduce en una mayor contaminación de los afluentes, es la falta de acciones por parte de los ayuntamientos por los que pasa el río Atoyac, es que carecen de padrón de usuarios y no hay quien detenga las descargas.
“Vemos que todo es tierra de nadie. Las descargas clandestinas están por la libre. Hay industrias que contaminan. La ley debe ser coercitiva y si no hay quien haga esa coercitividad, ya sean las autoridades federales o municipales porque el gobierno del estado solo puede coordinar esfuerzos, es prácticamente, imposible que esté en mejores condiciones”, apuntó.
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