A nivel nacional 9 de cada 10 intentos de extorsión se llevan a cabo por vía telefónica. En el caso de Guanajuato autoridades han alertado de manera constante a la población al lograr detectar que las llamadas que llegan a la entidad provienen desde el penal de Puente Grande, en Jalisco.
Al respecto, Raúl Sapien Santos quien preside el Consejo Nacional Seguridad Privada ha señalado que este tipo de delito tiende a un alto nivel de impunidad que obedece a la dificultad de las fiscalías para dar con la identidad de los responsables.
“El 91.2% de los casos de extorsión, con cifras proporcionadas por el INEGI, fueron realizadas a través de un aparato telefónico móvil (…) además el 44.8% de las extorsiones fueron pagadas por el sector económico, una cifra bastante alta y en el proceso se inicia una carpeta de investigación. Desafortunadamente al no tener huella y registro de esa línea de telefonía celular, la actividad del ministerio público y de las fiscalías se ve coartada, porque al último la investigación va a resultar en un ‘Contra un quien resulte responsable´, porque el porcentaje mayor de líneas telefónicas móviles son a través de un sistema de prepago”, explicó el especialista.
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De acuerdo a datos oficiales, de enero a agosto del año en curso en Guanajuato se han iniciado 335 carpetas de investigación por el delito de extorsión, un incremento del 48.5% a la alza con respecto al mismo periodo del 2021.
Por ello, el experto propone retomar la iniciativa de ley para crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, que permita identificar y rastrear con mayor facilidad los números utilizados para cometer extorsiones.
“Hubo una iniciativa de ley que fue aprobada en su momento y luego fue tachado de inconstitucional, para crear un padrón nacional de registros de usuarios de telefonía celular, donde el principal punto que se focalizó se atacó fue la vulnerabilidad de los datos biométricos y otros datos personales. Hoy me gustaría reflexionar que cuando vamos y obtenemos una credencial en cualquier club de compras, nos toman una fotografía que es un dato biométrico. Desafortunadamente esta ley fue inconstitucional” agregó Raúl Sapien.
De manera concreta, desde el Consejo Nacional de Seguridad Privada el especialista explica que en primer lugar deben garantizarse los derechos de la víctima; en segundo plano generar canales de denuncia ante las fiscalías y que se lleven a cabo los actos de investigación pertinentes. Finalmente, tener una trazabilidad de las cuentas a donde se está depositando esta suma de dinero para que través de la unidad de inteligencia financiera sean intervenidas y se vea con el último beneficiario a donde llegan los recursos derivados de la delincuencia organizada.
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