A pesar que las sexoservidoras ofrecen en la vía pública sus servicios, a unas cuadras del Centro Histórico de la ciudad capital, hasta el momento el gobierno de la ciudad no cuenta con una regulación o control social y sanitario.
Para René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación municipal, la dependencia no interviene en la regulación debido a que las sexoservidoras no prestan el servicio en la vía pública, pese a que lo ejercen en la 4 Poniente, entre 3 y 5 Norte, solo por mencionar un sitio.
El funcionario municipal se lava las manos y le echa la bolita a la Secretarías de Seguridad Pública y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Género, las cuales deberán analizar una estrategia para controlar el “oficio más antiguo”.
Sánchez Galindo reconoce el fenómeno pero descarta que se defina una “zona roja” porque “no es viable” que se cuente con una zona de tolerancia en la capital del estado ya que se prestaría, según dice, a la trata de personas, violentando los derechos de las mujeres.
Cuestionado respecto a las acciones que emprenderán para que las personas que se dedican a ejercer la prostitución no invadan las calles del primer cuadro de la ciudad y no representen un problema de salud pública, reiteró que es tarea de la Secretaría de Seguridad Pública y de Igualdad Sustantiva de Género.
De acuerdo con el Código Reglamentario Municipal (Coremun), en el capítulo 9 del artículo 209, el ejercicio de la prostitución en vía pública es considerado como una falta administrativa.
En entrevista con MILENIO PUEBLA, la presidenta de la Asociación de Unificación de Sexoservidoras del Estado de Puebla, quien prefirió ser nombrada solo como “Lulú”, explicó que la Asociación representa a más de 200 trabajadoras en la ciudad de Puebla.
Trabajan en la calle 4 Poniente, entre 3 y 5 Norte, y están identificadas con “gafete”, para garantizar que no cuentan con ninguna enfermedad venérea
"Lulú” denunció que son extorsionadas por los propios líderes de los vendedores ambulantes, como un sujeto a quien identifica con el mote del "Moles", quien les pide una cuota de 50 pesos diarios para poder trabajar.
La propia entrevistada denunció que en el mes de junio fue golpeada por los ambulantes y pasó un calvario para denunciar ante la Fiscalía General del Estado, por lo que decidió ya no dar seguimiento a la demanda.
Asegura que las agremiadas a la Asociación acuden cada 15 días a revisión médica al Centro de Salud, por lo que descartó alguna enfermedad por contagio sexual, al contar con su comprobante médico expedido por la secretaría de Salud del Estado.
La representante de la Asociación, aclaró que una vez que denunciaron que eran extorsionadas por elementos viales y de Seguridad Pública municipal, se detuvieron las mismas, al señalar que la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), María de Lourdes Rosales Martínez, se reunió con algunas integrantes para ser escuchadas y emprender acciones para detener este tipo de violación a sus derechos.
Zona de tolerancia, en casonas abandonadas
De igual forma, Lulú recordó que han solicitado una zona de tolerancia en el norte de la capital, en el "Capulín", para evitar cualquier tipo de extorsiones por parte de inspectores de vía pública y de policías municipales.
La representante de las sexoservidora reveló que las autoridades les han propuesto recuperar las casonas abandonadas en el primer cuadro de la ciudad para que realicen su oficio en estos espacios, debido a que los hoteles en donde trabajan son insalubres e inseguros.
El representante legal de las sexoserviodoras, Hilario Gallegos, adelantó que sostuvieron reuniones con el secretario de Gobierno a nivel estatal, para que se determine una zona de tolerancia, sin embargo la respuesta es que no es viable, debido a que el marco jurídico no garantiza una protección a este sector, sino todo lo contrario, se les dejaría en la indefensión.
En opinión de Brahim Zamora Salazar, Coordinador del área de Desarrollo Institucional del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos AC Odesyr, existe un fuerte perjuicio y violación a los derechos humanos a este sector, debido a que el marco normativo es “laxo”, toda vez que desde el Coremun no define el hecho del ejercicio de la prostitución.
En el tema de una zona de tolerancia en la capital, aclaró que no es viable porque no existen las condiciones jurídicas, al calificar como oportuna la decisión por parte de las autoridades municipales en no crear una demarcación.
Zamora Salazar ejemplificó que en el municipio de Izúcar de Matamoros, se cuenta con esta zona y se ha convertido en “tierra de nadie”, pues la seguridad no llega a estos puntos y se multiplican todos los giros negros, poniendo en alto grado de vulnerabilidad a las trabajadoras sexuales.
MITM