La muerte de un menor de edad al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, constituye una violación “grave” a los derechos humanos por haberse vulnerado la garantía a la vida y a la integridad.
A través de un comunicado, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla lamentó que las autoridades incumplieran el deber del cuidado ante el caso del menor fallecido al interior de instalaciones de las que tienen control las autoridades.
“Estamos ante un hecho que constituye una violación grave a los derechos humanos de un niño por haberse vulnerado derechos esenciales como la vida e integridad que debían ser protegidas de manera forzada por la condición de minoría de edad, conforme al artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las autoridades incumplieron el deber esencial de cuidado cuando fue hallado sin vida en un establecimiento a cargo del Estado”, destaca el documento.
Al mismo tiempo, la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita cuestionó que “la desavenencia” manifestada entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al hallazgo del menor.
“Desde nuestra perspectiva y bajo el principio pro persona, existen fundamentos constitucionales y legales para la atracción del caso por parte de la CNDH, como originalmente lo anunció este organismo protector de los derechos el pasado 15 de enero”.
La Ibero Puebla agrega que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, apartado B, faculta a la CNDH para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la institución agrega que en el reglamento de la CNDH se establece, en el artículo 14, que la facultad de atracción que le confiere el artículo 60 de su ley reglamentaria, podrá ejercerse cuanto se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional.
La Ibero Puebla destaca que la muerte del menor se suma a las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y posibles esquemas de autogobierno existentes en los penales de la entidad que han sido documentadas por la CNDH en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, mismas que afectan los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familias.
Para la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita, la retracción de la CNDH deja ver que más allá de su compromiso con los derechos humanos, tiene más peso consideraciones de orden político que desplazan del centro, en este caso, el interés superior de la niñez.
Al mismo tiempo, la Ibero Puebla destaca que la CDH Puebla tiene la oportunidad para recuperar su legitimidad, independientemente de las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.
“La CDH debe investigar estos acontecimientos con absoluta independencia por el interés superior de la niñez, a fin de asegurar una actuación guiada por la más amplia protección de los derechos humanos. Solo de este modo, ajenas a determinaciones políticas, las comisiones de derechos humanos pueden representar un medio para la preservación del Estado democrático de derecho y una garantía efectiva frente a los abusos del poder público”, finaliza el documento.
CHM