En materia tributaria existe un antes y un después tras la aprobación de la reforma penal fiscal, la cual entró en vigor en 2020 y entre otros aspectos, establece que la defraudación fiscal debe ser reconocida como una cuestión de delincuencia organizada que atenta contra la seguridad nacional, destacó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, durante su ponencia “Política Fiscal Penal del Estado Mexicano”, dictada en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), donde el rector Alfonso Esparza le extendió un reconocimiento por su trayectoria.
Con estas modificaciones a la ley, explicó el procurador, se busca combatir a las empresas físicas y morales que facturan operaciones inexistentes para lograr efectos fiscales de forma ilegal en beneficio de ciertos contribuyentes. Asimismo, combaten esquemas de evasión, como las subcontrataciones dudosas o el outsourcing ilegal.
En ese sentido, señaló que se calcula que 40 por ciento de empleados en México —unos 4 millones 600 mil trabajadores— laboran bajo el esquema de outsourcing en 15 mil empresas, de las cuales sólo 900 tienen un registro ante la Procuraduría del Trabajo, y de estas solo 100 cuentan con registro ante el IMSS y 40 pagaban impuestos, por eso la necesidad de la reforma, insistió.
El procurador Romero Aranda aprovechó la ocasión para reconocer la iniciativa del rector Alfonso Esparza Ortiz para presentar ante el Consejo Universitario la propuesta de contratar directamente a 858 trabajadores que laboraban bajo el esquema legal de outsourcing, los cuales fueron contratados directamente por la institución después de que ese órgano de gobierno aprobara estas contrataciones el pasado 25 de marzo, lo que permitió a la UAP ajustarse y cumplir con las reformas que marca la Ley Federal del Trabajo.
AFM