La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Puebla llamó a que las partes involucradas en el conflicto que involucra a dos patronatos en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) superen las diferencias, acaten las resoluciones judiciales y se permita la liberación de las instalaciones ubicadas en San Andrés Cholula.
Después de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajos y Juicios Federales del Poder Judicial de la Federación ordenó restituir al Patronato de la Udlap que encabeza Margarita Jenkins de Landa, regresar las instalaciones y reconoció a Luis Ernesto Derbez Bautista como rector; la representación industrial destacó la importancia de que el campus regrese a la normalidad en beneficio de la comunidad universitaria.
“Es imperativo que el campus UDLAP regrese a la normalidad, con la totalidad de su operación, reiterando la decisión del juez federal, en lo que esto se dirime en los tribunales”, dio a conocer la Canacintra a través de un comunicado.
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El organismo empresarial resaltó la importancia de que la Udlap siga cumpliendo con su función de enseñanza y agregó que sus egresados son fundamentales en diferentes empresas, generadores de empleos y pagadores de impuestos.
“Ajenos a cualquier resolución, tomando en cuenta que la Industria de Transformación forma parte, como receptores de los prestigiosos alumnos de la institución, y participante en múltiples programas de estudio e investigación en curso en esta casa de estudios superiores, consideramos que la Udlap nunca ha dejado de cumplir con la función por la que fue creada”, destaca el posicionamiento.
La Canacintra expresó su preocupación por la situación que atraviesa la institución universitaria que suma más de 10 mil alumnos, y profesores que laboran en la casa de estudios, por lo que apeló que las partes involucradas encuentren soluciones.
“Por el beneficio de todos en Puebla, pero principalmente de la comunidad universitaria de la UDLAP, conminamos a la JCIAP y al Poder Judicial a encontrar soluciones de manera institucional y apegadas a derecho”, finaliza el documento.
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