La Fiscalía Anticorrupción solicitó los documentos faltantes para continuar con una línea de investigación más fuerte respecto a las irregularidades en la construcción de la Línea 3 del Metro, al detectar falta de claridad y de precisión en la denuncia presentada por la Secretaría de Movilidad y Metrorrey.
El martes pasado, las dependencias presentaron la catorceava denuncia por irregularidades en la construcción de la Línea 3 del Metro que van desde sobrecostos, desaparición de documentos y trabajos incompletos, contra la administración de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco.
Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, informó que el costo inicial de la infraestructura, en 2012, fue de 3 mil 740 millones de pesos, tres años después se ajustó a 5 mil 290 millones de pesos, para 2016, indicó, hubo otro ajuste a 6 mil 903 millones de pesos, al tiempo que al cierre de la administración anterior se tenían comprometidos 7 mil 378 millones de pesos, lo que se traduce en un incremento del más de 100 por ciento.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no tiene claro cuál es el fin de la denuncia presentada por el estado, puesto que los montos señalados en el párrafo anterior son los costos totales y presuntamente no existe una anomalía, a menos de que sea señalada en la querella.
Roberto Abraham Vargas, director de Metrorrey, informó que trabajos mal ejecutados desde la administración de Rodrigo Medina provocan “grandes” problemas a la hora de dar mantenimiento cuando hay falla, como la de hace un mes que repercutió en la Línea 2.
“Se habla de estas fallas desde el proyecto ejecutivo, van hasta en el diseño y que como organismo podrá presentarnos un problema a la hora del mantenimiento, fallas en las columnas, cabezales que al menos que la evidencia documental que hoy tenemos en expedientes están fuera de especificación y tendrán que corregirse, faltante de herramienta y refacciones”.
Cabe señalar que la Fiscalía Anticorrupción señaló también que la denuncia sobre la ruta exprés necesita de más información, dado que no existe la claridad del delito a perseguir desde el órgano de procuración de justicia.
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