El Estado Mexicano no ha cumplido en su totalidad con las acciones solicitadas el pasado 6 de enero por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en Inglés) de las Naciones Unidas (ONU) que tiene que ver con la búsqueda inmediata de los cuatro hermanos Camarena que fueron privados de su libertad por policías municipales de Ocotlán el 19 de diciembre del 2019.
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Por un año la Fiscalía del Estado de Jalisco negó el acceso a la información a los familiares, no les daban conocimiento sobre la carpeta de investigación y de los avance, además de haber rechazado la primera solicitud de aprehensión en contra de los cinco de los seis policías (el sexto de ellos no ha sido identificado) que se vieron presuntamente involucrados con la desaparición de los jóvenes.
Actualmente Ana Cabral, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C., quien brinda apoyo jurídico a los familiares y vigila el cumplimiento de las acciones solicitadas por la CED, refirió que aún falta que las instituciones estatales y federales involucren en los trabajos de búsqueda a los familiares que han externado reiteradamente diversos puntos para ser intervenidos.
“Pero sí ha sido reiterado el sentimiento desde la familia que en el tema de la búsqueda hay avances escasos, se continúan las prácticas de exclusión principalmente por parte de la fiscalía y ha sido parte de la lucha impulsar la coordinación interestacional”, detalló la abogada.
A pesar de que se han sostenido mesas de trabajo en los últimos seis meses para determinar las acciones de búsqueda a partir de las líneas de investigación, queda pendiente materializarlo en operativos que sean participativos, agregó Ana Cabral.
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Tras la detención el pasado 19 de abril de dos policías presuntamente involucrados, dos de los tres policías que están prófugos de la justicia, solicitaron un juicio de amparo para deslindar responsabilidades por el delito de desaparición forzada.
“Semanas después de esto es que se sabe de la existencia de los amparos de los policías que aún no han sido aprehendidos y que no ha sido iniciado su juicio, en ese sentido respectos a la viabilidad nosotros consideramos que el juez tiene conocimiento de la gravedad del que se le está acusando a los policías”, dijo.
Los juicios de amparo fueron solicitados por Emilio Antonio González, quien fue titular de la Comisión de Seguridad Pública de Ocotlán de mayo de 2019 hasta el 09 de marzo del 2021, y posteriormente del municipio de Jalostotitlán.
El segundo amparo fue solicitado por Carlos Giovanni Rodríguez, ex policía de Ocotlán y quien estaba vigente como elemento de seguridad en el mismo municipio que su homólogo ya mencionado.
En total fueron seis policías presuntamente involucrados con el delito de desaparición forzada; sólo cinco órdenes de aprehensión ya que uno de los policías no han logrado ser identificado. Dos elementos se encuentran vinculados a proceso, y tres prófugos de la justicia (dos de ellos con juicio de amparo).
MC