La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estados de México (CCEM), Laura González Hernández, indicó que la iniciativa del Poder Judicial de replantear la política criminal requiere establecer medidas encaminadas a una correcta aplicación de la justicia y la prevención, no únicamente punitivas.
Tras las Jornadas de Repensamiento y Consulta General sobre al Código Penal en el Poder Judicial, dijo que vivimos en un contexto donde el primer paso es aterrizar acciones de carácter social dirigidas al desarrollo social y económico, a fin de erradicar la pobreza y marginación social como prevención de la violencia.
En segundo término, tras una evaluación profunda, apuntó, se deben plantear qué sanciones penales o administrativas se requieren para la diversidad de delitos que vivimos en el contexto actual, que lleven a una reparación real del daño, haya garantías para una justicia plena y se reduzca considerablemente la impunidad.
Aseguró que será un gran avance el modelo de justicia cívica, ya que impedirá que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Además, con ello se promoverá la cultura de la legalidad y mejorará la percepción del orden público y de la seguridad, como lo han previsto los expertos a través de la mediación y sanciones administrativas.
Encarcelamiento, solo cuando se amerite
En ese sentido, comentó que el comportamiento al alza de las personas privadas de la libertad en el Estado de México, cuya tasa de ocupación en los centros penitenciarios federales y estatales es de 237 por ciento, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal 2022 del Inegi, muestran la necesidad imperante de una estrategia integral para asegurar que el encarcelamiento sea utilizado como recurso para casos que estrictamente lo ameriten.
Si bien, los factores de la sobrepoblación carcelaria son diversos, es innegable que prevalece una política de justicia penal basada en el internamiento o arresto y sentencias que conllevan a largos periodos de privación de la libertad y es por eso que es muy justificable un análisis profundo que reforme el actual código penal.
Violaciones a los derechos humanos en cárceles
González Hernández apuntó que la estadística refleja que la situación penitenciaria en la entidad es grave, ya que al interior de los centros de han registrado casos de violencia, muerte y muchas violaciones a los derechos humanos.
Por ello, exhortó a los legisladores que impulsen una revisión y evaluación a la última modificación al artículo 19 de la Constitución, elaboren estrategias para reducir el hacinamiento, involucrando a los organismos de justicia; así como planes y proyectos que garanticen una reinserción social real y contribuyan a la prevención de la reincidencia.
MMCF