La pandemia evidenció que las ambulancias privadas circulan fuera de control y cobran caro. Aunque por reglamento los operarios deberían llamar al 911 cada que trasladan a un paciente, las autoridades de salud detectaron que no cumplen con esta disposición.
Los convenios oficiales establecen que estas unidades deben llamar al 911 para que éste los ponga en contacto con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el cual cuenta con personal médico capacitado para brindarles un código y canalizarlos al hospital más adecuado.
“En el centro regulador tenemos varios médicos, técnicos en urgencias, enfermeras a cargo. Entonces desde aquí se toman decisiones clínicas, de acuerdo a la oferta de servicios, es decir, el número de camas disponibles, la capacidad de los hospitales”, dijo Gabriel García Rodríguez, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
En entrevista con MILENIO, el ex coordinador de Equipos Especiales de Emergencias comentó que todos estos datos se cruzan y así se determina la mejor opción para el paciente, la opción que salvará su vida.
“Con este criterio clínico, el paciente no va a llegar a un hospital cercano, sino al más adecuado para su padecimiento y condición clínica. Por eso desde la llamada al 911 recogemos todos los datos vitales como signos, síntomas, estado, etcétera, para trasladarlo”, añadió.
Si las ambulancias privadas llamaran al 911, se les canalizaría con el CRUM –una especie de C5 de la salud–, el cual les otorgaría un código para llevar a los pacientes al hospital que pudiera brindarles la mejor atención. Sin embargo, durante los picos más altos de la pandemia de covid-19, muchos operarios optaron por saltarse estas reglas en aras del beneficio económico.
Muchos pacientes quedaron así a merced del mercado descontrolado debido a que las ambulancias privadas les “sugerían” llevarlos a los hospitales más cercanos, muchos de los cuales no contaban con camas disponibles, generando así una percepción de nosocomios saturados.
Precios caros
Y es que de acuerdo con indagaciones realizadas por MILENIO, durante la tercera ola de covid las ambulancias privadas de la Ciudad de México cobraron entre 3 mil 800 y 7 mil pesos por un traslado dentro de los límites de la capital, un costo que solía elevarse cuando los hospitales no contaban con espacios disponibles.
Una práctica recurrente es que las ambulancias privadas cobraron entre 400 y mil pesos por cada hora extra, lo cual incluía el tiempo de espera en las inmediaciones del primer destino.
Algunos operadores de estos servicios particulares dijeron a este diario que estos costos fueron entre 20 y 40 por ciento más altos de lo acostumbrado.
En caso de que el familiar quisiera ir a otro centro con su paciente covid, se cobraba el primer traslado, las horas extras y un segundo traslado, donde algunas veces también sería trasladado.
En ciertas ocasiones los familiares escuchaban las sugerencias de los operadores para acudir a hospitales privados, lo cual elevaba considerablemente los costos y las ganancias de las ambulancias privadas.
El doctor Gabriel García afirmó que es necesario que las ambulancias particulares operen bajo las normas establecidas por la Secretaría de Salud, a fin de unificar los criterios en las respuestas médicas y eficientar los servicios para salvar vidas.
Explicó que es necesario empezar a deconstruir la idea de que la velocidad con la que se lleva a un paciente, o presentarlo al hospital más cercano, salva vidas. Por el contrario, dijo, es necesario normalizar la llamada al 911 y que desde el centro regulador se les indique a dónde acudir.
“Desafortunadamente hay casos en los que las ambulancias particulares no recurren a este método. Existe un convenio de colaboración entre el sistema de atención de llamadas 911 y la Secretaría de Salud para establecer estos modelos de operación, de tal forma que no debe variar en ninguna entidad, están estandarizados los tiempos y el despacho de los centros de llamadas”, explicó.
Nuevo reglamento
En ese sentido, el pasado 21 de febrero, el gobierno de la Ciudad de México presentó un programa para la regularización de ambulancias privadas, con el fin de certificar la operación de estos vehículos. Si las unidades no cumplen con los requisitos en un periodo de 90 días, serán enviadas al corralón.
En caso de que los operarios hagan uso indebido de la comunicación de emergencia para servicios médicos públicos o del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), se les impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa que oscilará entre los 2 mil 405 y los 9 mil 622 pesos.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Salud, establecerá las tarifas máximas a las que se sujetarán los servicios que presten las ambulancias de los sectores privado y social; dichos tabuladores estarán de acuerdo a la complejidad de la ambulancia de que se trate.
Por lo anterior, Sedeco deberá publicar en la Gaceta oficial las tarifas máximas establecidas para los servicios de atención médica prehospitalaria prestados por las ambulancias privadas, mismas que deberán acatar esta normatividad.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se publicará el reglamento para vehículos con uso de ambulancias y el protocolo de actuación que debe cumplir su personal.
El doctor García afirmó que es vital eficientar los criterios clínicos para la estabilización de pacientes.
“En muchos padecimientos que tenemos que atender, es más eficaz tener un médico a bordo de una unidad médica, o un técnico en urgencias médicas avanzado soportado a distancia por un regulador”.
“Se deben cambiar paradigmas de no correr al hospital más cercano, de no seguir lo que dice la ambulancia, se debe priorizar las condiciones del paciente y llevarlo al mejor lugar, donde será bien atendido”, aseveró.
ledz