Representantes del pueblo Yoreme y de comunidades pesqueras de la Bahía de Ohuira protestan frente a la Embajada de Alemania en la Ciudad de México en contra de la operación de una planta para producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, un desarrollo de la empresa suizo-alemana Proman, por medio de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) que las comunidades indígenas rechazaron a través una consulta ordenada por la Corte.
El pasado 6 de abril, las comunidades pesqueras Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se instruye la realización de una consulta libre e informada con la comunidad de manera previa a la autorización ambiental del proyecto de la planta de amoniaco, en vista de que se podrían generar impactos significativos en la vida y el entorno de las comunidades indígenas.
La consulta concluyó el 18 de septiembre, en la que no otorgaron el consentimiento al proyecto; no obstante, las comunidades denuncian que los inversionistas alemanes siguen contando con el apoyo del Banco de desarrollo de ese país y de las autoridades mexicanas, por lo que en la protesta de este martes, los representantes de las comunidades buscan entregar un pliego petitorio al embajador, en la que demandan retirar el apoyo a la empresa Proman, debido a los daños ambientales que la operación de la planta de amoniaco provocaría a la Bahía de Topolobampo y de Ohuira, un sitio Ramsar de Importancia Internacional, así como a la salud de las personas.
“Hubo muchas irregularidades, puesto que estás esas consultas indígenas tienen que realizarse de manera previa, libre e informada; previa evidentemente no fue porque fue ya posterior a esta implementación de la planta, toda la información que se ha dado de las manifestaciones de impacto ambiental ha sido escasa, no se explicó que además de la flora y fauna que habita en este sitio Ramsar, está en peligro la vida de los pueblos indígenas, tampoco fue libre porque la misma empresa GPO estuvo comprando votos, dando despensas”, señaló Zuli Donjuan, abogada del colectivo Aquí No.
La abogada destacó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el desarrollo de la planta “se autorizó por debajo del agua” por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con el respaldo de las autoridades a nivel municipal, estatal y federal.
“El llamado es a ser escuchados, las comunidades indígenas no están en contra de esa instalación de la planta de amoníaco en México y tampoco en Sinaloa, pero sí están en contra de la instalación de dicha planta en este sistema de la Bahía de Ohuira que comprende el sistema lagunar de Ohuira, Topolobampo y Santa María”, apuntó.
LG