El legislador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Guillermo Lerdo de Tejada, propuso regular todos aquellos comercios que se dediquen a la compra y venta, así como reparación de celulares.
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Lo anterior, derivado de que en 2018 se registraron poco más de 21 mil 900 casos de robo de celulares a transeúntes con y sin violencia.
Con esta iniciativa se pretende reducir los índices de robo de estos aparatos tecnológicos, así como desincentivar su comercialización y combatir el mercado negro que se ha generado, principalmente, en plazas comerciales de Eje Central (Plaza de la Tecnología, Plaza Meave, entre otros).
Al hacer uso de la tribuna, el priista puntualizó que la propuesta es reforma y adicionar elementos a la Ley De Establecimientos Mercantiles Del Distrito Federal para que los negocios comprueben que la mercancía que ofrecen a usuarios es de precedencia lícita.
Agregó que las alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) serán quienes se encargue de supervisar la documentación de estos establecimientos, sin embargo, este último será quien se encargue de dar vista a la Procuraduría General de Justicia capitalina en caso de detectar irregularidades deberá.
De acuerdo al documento, los propietarios de los negocios deberán contar con la documentación que ampare la legal procedencia de los equipos telefónicos usados, y deberán registrar de forma inmediata el IMEI de los teléfonos que reciban para su intermediación, compraventa, comercialización o reparación.
“Se deberá consultar en la página de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones que el IMEI a registrar no cuente con reporte de robo y en caso de ser así, bajo su más estricta responsabilidad deberán abstenerse de recibirlos”, señala la propuesta.
Asimismo señala que se debe realizar un registro biométrico (huelas dactilares) que permita identificar a las personas físicas que se dedican a estas actividades, y esto se llevará a cabo por la Procuraduría en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
En caso de que estas medidas no sean respetadas podrán aplicarse sanciones económicas, incluso, aseguramiento de mercancías, y clausura o suspensión temporal de actividades de los establecimientos.
“La sanción relativa al aseguramiento de mercancías solo podrá imponerse sobre aquellas que carezcan de la documentación que ampare su legal procedencia”, determina la iniciativa.
Sí alguno de los propietarios proporcionan información o documentación falsa se les impondrá una sanción equivalente de mil a 3 mil veces la Unidad de Cuenta de la capital, es decir, de 84 mil a 253 mil pesos.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Administración Pública local
EB